El popular planteó que se responsabilice del servicio la Policía Local para mejorarlo y ahorrar 200.000 euros
04 ago 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El PP denunció ayer que la empresa responsable de la sala de control de tráfico de la Policía Local lleva dos años trabajando sin contrato; algo que, según el concejal popular Enrique Rozas, también ocurre en el caso de la firma encargada de mantener la red semafórica. Rozas aseguró que en ambos casos el acuerdo con el Concello venció en 2008 y criticó que «el gobierno local haya sido incapaz de sacar en dos años un nuevo pliego de condiciones para la gestión» de estos espacios.
El popular señaló que el Concello paga «aproximadamente» 50.000 euros al año a la empresa que se encarga de supervisar la sala de control de tráfico y subrayó que esa cantidad no cubre la prestación del servicio por las noches ni los sábados por la tarde, domingos o festivos. De ahí que Rozas propusiera de nuevo que asuma la gestión la Policía Local para garantizar que haya control las 24 horas del día durante todo el año. «De esa forma, se mejoraría mucho el servicio porque se evitarían episodios que pueden acabar siendo graves y el Concello ahorraría alrededor de 200.000 euros asumiendo la gestión con personal propio», dijo Rozas.
Esta posibilidad está contemplada en la ley gallega de Coordinación de Policías, según dijo el concejal, porque «habla expresamente de una segunda actividad para agentes que, por sus condiciones físicas u otros motivos, puedan cambiar el trabajo callejero por tareas de este tipo». Apuntó que los policías podrían encargarse de la sala de tráfico «en los turnos de trabajo que ya tienen establecidos, de 19 o 20 en cada turno y prestar servicio las 24 horas de los 365 días del año».
Máximo de 4 años
La gestión de la sala de control de tráfico se externalizó en 2004, cuando el socialista Francisco Fernández Liñares era el responsable de la Policía Local. Según indicó Enrique Rozas, en ese momento se acordó que el contrato se haría por 50.000 euros al año y por «un período de dos años más dos de prórroga, sin poder exceder el total de cuatro años».
Una vez finalizado el contrato, en 2008, no se ha elaborado un nuevo pliego de condiciones y Rozas se preguntó «si no se está cometiendo una irregularidad al permitir que se siga prestando un servicio sin acuerdo formal», concluyó.