Alcaldes de los municipios con embalse estudian recurrir a los tribunales para conseguir más dinero del reparto del canon de los embalses que está llevando a cabo la Diputación de Lugo. Creen que la estimación de lo que le corresponde cobrar a cada uno perjudica a la mayoría de los municipio y beneficia a unos pocos gobernados por el PSOE o el BNG. Los que se quejan son alcaldes del PP, que han decidido no hacer por ahora ningún movimiento, a la espera de que la Diputación ejecute las obras que se ha comprometido a pagar con el dinero que le ha adjudicado a cada uno.
La Diputación dio precisamente el martes un paso fundamental en esa dirección, con la aprobación de la última entrega del pago a plazos de los once millones de euros que en el 2007 decidió repartir entre los dieciséis municipios de la provincia con terrenos inundados por embalses. No es previsible que esta resolución anime a los alcaldes descontentos a mover ficha inmediatamente. Temen que de hacerlo se pueda paralizar de alguna manera el proceso de pago o se pueda contaminar su relación con la Diputación. No hay que olvidar que la institución que preside José Ramón Gómez Besteiro es la que tiene potestad para decidir qué obras se hacen, aunque en la práctica en la mayoría de los casos la lista de proyectos se hace de forma consensuada con cada Ayuntamiento.
La compensación a los ayuntaientos por el dinero que la Diputación cobró a principios y mediados de la década de los ochenta a las empresas hidroeléctricas por los beneficios generados por los embalses se hace mediante obras que contrata la Diputación, y no mediante transferencias directas de dinero. Uno de los alcaldes consultados ayer, explicó que las obras comprometidas por la Diputación ni siquiera han empezado todavía en una buena parte de estos dieciséis municipios. «Hai moito feito en Chantada, tamén en Monforte, pero na maioría dos outros nada», afirma.
El ejemplo de Monforte
No es casual que los que se quejen sean todos alcaldes del PP. Ellos tienen la sensación de que los criterios de reparto utilizados por la Diputación fueron elegidos para beneficiar a municipios gobernados por socialistas o nacionalistas. Algunos de los consultados ponen el ejemplo de Monforte, con alcalde del Bloque. Es cierto que este Ayuntamiento es uno de los dos que menos cobra, pero según estos alcaldes, es más de lo que debería percibir, porque realmente tiene muy poca ribera.
El malestar de determinados alcaldes con los criterios de reparto del canon no es nada nuevo. Algunos lo hicieron público antes de que la Diputación empezase a suscribir los acuerdos de pago con cada uno de los municipios afectados, pero en su momento decidieron en conjunto aplazar sus quejas para amarrar al menos las inversiones que la Diputación prometía.
Uno de los últimos en hacer públicas sus discrepancias fue el entonces alcalde de Taboada, José Ramos Ledo, hoy fuera del Ayuntamiento tras aceptar el puesto de jefe provincial de Educación, que en enero del 2009 calculaba que a ellos les correspondían alreddor de un millón y medio de euros, y los 538.288 que les había asignado la Diputación. Ramos cuestionaba además que el organismo provincial hubiera tomado la decisión de no pagarles también a los ayuntamientos que no habían reclamado judicialmente -todos menos Chantada- los intereses de demora acumulados desde los años ochenta por el retraso en el pago.