El expediente que la Comisión abrió a España tras constatar que la financiación de la televisión pública podría violar la normativa sobre telecomunicaciones sigue abierto. Y la decisión de ayer, que se refiere solo a la investigación para esclarecer su adecuación a las normas de competencia, no condicionará la que se tome en otoño. «Ese expediente tiene una base legal completamente distinta y no se verá afectado por la decisión en materia de ayudas de Estado», advirtió el portavoz de Agenda Digital.
Quienes cuestionan que el sistema vulnera las normas sobre comunicaciones electrónicas recuerdan que estas solo contemplan que se pueda cobrar a las operadoras por los servicios relacionados con la regulación del sector. De hecho, el presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (Aetic), Jesús Banegas, aseguró ayer que tiene «esperanzas muy grandes» de que Bruselas acabe tumbando la norma por ese motivo.