El proyecto de ley define otro tema polémico, como es la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, órgano regulador y supervisor del sector que ejercerá sus competencias bajo el principio de independencia de los poderes públicos, pues sus miembros serán elegidos por mayoría cualificada de tres quintos del Congreso. Entre sus funciones estará garantizar la transparencia del sector, velar por el cumplimiento de esta ley, garantizar los derechos de los ciudadanos, participar en la concesión de las licencias y establecer el catálogo de emisiones deportivas de interés general que han de ser emitidas en directo.
Además, la ley contempla un régimen sancionador, que incluye multas de hasta un millón de euros por las infracciones muy graves, como emitir contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de raza, sexo o religión.
Mientras, las infracciones graves, como incumplir el límite relativo al tiempo de emisión dedicado a la publicidad y a la televenta -que sigue teniendo un máximo de doce minutos por hora-, serán castigadas con multas que van desde los 100.001 euros a los 500.000. Las infracciones leves se penarán con multas de hasta 100.000 euros.