El anteproyecto de Lei de Vivenda mantiene la tipificación del cobro de sobreprecios como infracción «moi grave». En cambio, el borrador establece penalizaciones más bajas para estas infracciones que las previstas en la ley del 2008, ya que la sanción máxima que ahora se sitúa entre 60.000 y un millón de euros pasará a estar entre 30.000 y 600.000.
En Galicia hay precedentes sonados en este terreno. El actual Gobierno cerró en noviembre pasado una investigación que abrió el bipartito y propuso multar con 2,47 millones de euros a la promotora Construcuatro por aplicar sobreprecios en 62 pisos protegidos de Vigo. La empresa, que además deberá devolver 1,23 millones que cobró de más a los propietarios, tiene como socio al que fue candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín.
Además del cobro de sobreprecios, el anteproyecto también incluye, entre otras infracciones consideradas «moi graves», la falsificación de documentos, la transmisión o cesión del uso de la vivienda de nueva construcción sin la preceptiva licencia de primera ocupación, la reiteración de datos falsos en la publicidad inmobiliaria y la venta de un piso protegido sin contar con autorización.