En las prisiones de Galicia existen un total de 98 condenados por delitos contra la seguridad vial
18 ene 2011 . Actualizado a las 11:30 h.La reforma del Código Penal establece que se puedan decomisar los vehículos de los infractores con delitos graves o reincidentes, pero ¿cuántos de estos casos se pueden dar en Galicia? El fiscal especializado en Seguridad Vial, Carlos Gil, señaló ayer en una reunión en Pontevedra con los representantes de la Guardia Civil y de la Policía Local de la provincia que en la comunidad hay 98 personas cumpliendo condenas a las que se les podría aplicar esta medida.
«A nivel de Estado se decomisarían dos mil, pero si aplicamos este mismo criterio a Galicia serían 98 personas en prisión con delitos contra la seguridad vial», explicó Gil, quien aseguró que esta medida no quiere decir que se revisen las penas de estos condenados, pero sí puede implicar una menor presencia de reclusos en las prisiones.
«No supondría que salen de prisión, el decomiso es una condición accesoria. Es una consecuencia que se puede pedir para dedicar el importe de la venta de ese vehículo para pagar las costas o para otros procedimientos», aseguró el fiscal minutos antes de iniciar la reunión con los representantes de los cuerpos y seguridad del Estado.
Analizando supuestos
«Muchas veces se podría aplicar el decomiso como un arma para poder dar la condicional en las penas de prisión. Podemos suspender esa pena siempre y cuando este señor se quede sin el vehículo», explica Carlos Gil. Los representantes de la Fiscalía esperan todavía del fiscal de Seguridad Vial todos los supuestos en los que se podría aplicar el decomiso, pero aseguran que por el momento ya les han explicado los casos en los que el coche tiene una relación criminológica con el conductor. «Se podrá aplicar en aquellos vehículos que están alterados, se haya manipulado el tacógrafo, además de condiciones de carácter económico, familiar o laboral. Tampoco hay que olvidar la gravedad del hecho y la reincidencia», advierte Gil.
Política criminal convincente
La ampliación de esta medida sancionadora convence a los representantes de la Fiscalía, que aseguran que la nueva política criminal es necesaria porque «estamos viendo que las multas y los servicios a favor de la comunidad son insuficientes».
Además de tramitar los decomisos, la reforma obliga a los concellos a disponer de un aparato para someter a los infractores a un narcotest sin necesidad de que un sanitario compruebe si consumieron sustancias ilegales.