«No nos enriquecemos a costa de pagar unos sueldos miserables, hay complejos que pierden dinero»

La Voz

GALICIA

30 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.

El conflicto laboral ha servido, entre otras cosas, para que hace alrededor de un año se constituyese la patronal a nivel autonómico: Asidega (Asociación de empresas gestoras de instalaciones deportivas de Galicia), que preside Miguel Seisdedos, jefe de recursos humanos de Sidecu, una de las firmas fuertes del sector en la comunidad.

Admite que lleva poco tiempo en el ramo y que -con la experiencia de haber pasado por otros como la telefonía e incluso la Administración pública- puede afirmar que «se trata de un negocio de gran complejidad por los muchos factores ajenos que lo condicionan». Se refiere Seisdedos a que los márgenes de la gestión de instalaciones deportivas públicas son muy reducidos, especialmente porque los precios del servicio que ofrecen los fija la Administración propietaria del complejo.

Es verdad, concede, que las tablas salariales son bajas, pero la capacidad de maniobra también es muy escasa. «Es un sector muy rígido. Aquí no se trata de subir las tarifas del producto si este tiene éxito y la demanda crece, y así poder pagar mejor a tus empleados. Hablamos de un servicio público -recuerda-, con lo que queda es aplicar a los precios anualmente las subidas del IPC». Las condiciones que marcaba la adjudicación de la concesión por concurso condicionan las decisiones empresariales, el negocio y, por tanto, los salarios, insiste.

«No somos empresarios millonarios que juegan a un negocio especulativo. No nos enriquecemos a costa de pagar unos sueldos miserables, hay instalaciones que pierden dinero», matiza Seisdedos, lo que pone en riesgo el equilibrio financiero de las empresas.

«Y lo que se puede esperar de las Administraciones, en cuanto a revisar las condiciones de la concesión, con la situación de crisis y el coste político que siempre acarrea subir los precios, es muy limitado». Incluso así la patronal apela a la sensibilidad de concellos y Xunta, dueños de las instalaciones.