El primer avance del plan del litoral deja muchas incógnitas abiertas sobre la incidencia real que tendrá en los concellos, pero confirma el propósito del Gobierno de Feijoo de no retroceder respecto al punto de inflexión que ha supuesto la ley de los 500 metros, una norma que ha acabado por suscitar el consenso político sobre su utilidad para frenar la presión urbanística sobre la costa. Perseverar en esa comunión es ahora el objetivo para garantizar el cumplimiento y continuidad del primer reglamento del litoral gallego. El documento debe despejar algunas dudas en el amplio recorrido hasta su aprobación.
1
Protección concello a concello. Es la principal incógnita. Aunque la Xunta ha contado con la colaboración de los concellos para elaborar el trabajo inicial, lo que facilitará el período que ahora se abre de alegaciones municipales, ese primer documento todavía carece de la información en detalle sobre la protección en cada uno de los 84 municipios.
2
Aplicación efectiva. La presentación del documento inicial también deja en el aire el calendario de aprobación definitiva del plan. La Xunta asume el objetivo de darle luz verde en diciembre, pero la ley de los 500 metros que Feijoo ya prorrogó ante la imposibilidad de tener el plan a tiempo expirará el próximo 17 de mayo. En principio, la Consellería de Medio Ambiente no prevé una nueva prórroga.
3
La eficacia de la ley de los 500 metros. El gran reto del plan es ordenar el litoral con la misma eficacia que ha tenido el veto al ladrillo a menos de 500 metros del mar. La ley que levantó el bipartito para frenar la marbellizació n de Galicia, con 220 millones de metros cuadrados ocupados en su fachada costera, ha sensibilizado a la sociedad sin el caótico impacto en el sector de la construcción que pronosticó en su momento el PP. La crisis ha minimizado ese riesgo.
4
El consenso político, vital. La ordenación de la costa sitúa a la sociedad gallega ante uno de esos retos de país, seguramente el de mayor calado. El auge de la concienciación social con el territorio sitúa a las fuerzas políticas ante un nuevo examen. ¿Serán capaces de fraguar el consenso que el plan necesita para trascender a los vaivenes electorales? La proximidad de los comicios municipales emerge con la principal amenaza para un acuerdo imprescindible.