El sumario lleva abierto 22 meses y ya ocupa más de un armario, pero el fiscal ignora si se cerrará o habrá juicio
22 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago por la gestación, gestión y ejecución del complejo que la Xunta construye desde el 2001 sobre el monte Gaiás, a las afueras de Compostela, acaba de entrar en una nueva fase. Por primera vez desde su incoación hace 22 meses, los encargados de esas pesquisas han recurrido a la técnica del interrogatorio para esclarecer el desfase presupuestario del proyecto, cuyo coste final estimado (475,9 millones de euros) casi quintuplica el original (108,2), así como para dirimir las supuestas irregularidades contables y de contratación cometidas durante el desarrollo de las obras hasta el 2005, o sea, bajo mandato del entonces conselleiro Jesús Pérez Varela (PP).
De momento, la titular de la sala y el representante de la Fiscalía Superior de Galicia designado para auxiliarla en su instrucción han tomado declaración a seis personas que «guardan relación, porque conocen los hechos directamente, con ciertos documentos, desembolsos y adjudicaciones», revelaron ayer fuentes de la investigación. A todos los entrevistaron mediante sendas videoconferencias de enlace con sedes judiciales ubicadas en otras tantas localidades españolas donde los sujetos en cuestión están residiendo actualmente. A dos les formularon las preguntas en junio, mientras que a los cuatro restantes los inquirieron hace justo una semana. Dentro de siete, en septiembre, se reanudarán las comparecencias.
«Debe quedar claro -precisaron los mismos informantes- que a ninguno se le imputa nada, sino que fueron llamados como testigos, en principio, sin implicación en aquello acerca de lo que se indaga». ¿Y quiénes son? ¿Altos cargos, funcionarios...? «Hasta la fecha, han sido oídos, mayoritariamente, técnicos y profesionales vinculados a determinadas sociedades mercantiles, no políticos», contestaron, para luego apostillar: «No hemos logrado aún nada con la relevancia suficiente para concluir que procede ir a juicio o bien archivar el proceso».
Individualizar la criminalidad
La acusación del Estado y la magistrada cuentan ya con ingente documentación oficial recibida e intervenida, dosieres redactados por otras instituciones, informes periciales encargados a expertos en delincuencia económica del Cuerpo Nacional de Policía y, ahora también, con relatos de lo ocurrido. Así es que el sumario, iniciado en septiembre del 2007, consta hoy de ocho tomos encuadernados y papeleo suelto suficiente para colmar un armario de oficina. ¿Por qué entonces la causa aún no ha superado el estadio de las diligencias previas? «Esta investigación, que es minuciosa, exhaustiva y muy detallada, jamás se ha paralizado. Y no estamos analizando este o aquel hecho en concreto, sino un período de tiempo amplísimo. Además, para la hipótesis de que se confirmaran indicios de criminalidad, debemos individualizar muy bien el grado de responsabilidad de cada cual», argumenta, consultado al respecto, el fiscal jefe de Santiago, Mario Piñeiro.
«Digamos que ahora trabajamos con el polvo y ya hemos conseguido apartar la paja», prosigue. Sin embargo, reconoce ignorar cuándo el tribunal se hallará en disposición de juzgar a quien corresponda o, en su defecto, de dar carpetazo al tema. De hecho, admite: «Puede ser dentro de seis meses o dentro de un año, no lo sé. Tanto por nuestra parte como por la otra la intención es resolverlo cuanto antes, pero bajo ningún concepto cerrarlo en falso».