«A maior parte dos servizos municipais son deficitarios», asevera Louzán, que agrega que los concellos pontevedreses asumen un promedio de entre el 30 y el 50% del coste de la recogida de basuras. Asunción que, estima Fernández Moreda, solo es justificable en excepciones de tipo social. Carlos Fernández juzga «irresponsable» no cobrar los servicios, pero cree que sucede «cada vez menos», y nunca en concellos grandes. «É certo -prosigue- que hai anos facíase esa política, pero foi desaparecendo co recambio xeracional nas corporacións. E tamén coa maior conciencia da xente». Ahora, converge el interventor de la Diputación ourensana, José María Baños, el vecino «es más consciente de la importancia de pagar los impuestos y del valor de los servicios. Y más en el caso del IBI, la vieja contribución, ya que la propiedad es connatural en los gallegos».
Otra cosa es subir los impuestos. Nadie -admite Louzán- quiere aumentar la presión fiscal. También es cierto, abunda Carlos Fernández, que «no rifirrafe do pleno a quen lle toca goberno intenta facelo, e a quen lle toca oposición intenta tumbalo e sacar leña do asunto. E funciona. Nunha coxuntura desfavorable, súbelle ti os impostos ao cidadán», ironiza.
Tal práctica es criticada por el catedrático y miembro del Consello de Contas Xaquín Álvarez Corbacho, quien ve vinculada al voto esa alergia a subir los impuestos, y «hasta a actualizar las tasas al IPC». Más grave, dice, es que se falseen los estudios económicos sobre los servicios públicos -obligatorios cada año- para evaluar costes y recaudación reales y regular las tasas que los financien. Debe buscarse la felicidad fiscal del vecino, concede, pero no a costa de los que sí pagan.