El sindicato denuncia que en el naufragio hubo «una ausencia de control» del operativo de rescate
29 mar 2008 . Actualizado a las 02:00 h.La CIG presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol una querella criminal contra siete altos cargos de Marina Mercante y dos empresas por entender que, durante el operativo de rescate del naufragio del buque Cordero, ocurrido frente a las costas ferrolanas el pasado 15 de enero, se cometieron sendos delitos de homicidio por imprudencia grave por omisión, y contra los derechos de los trabajadores. El hundimiento del barco se saldó con un muerto y cuatro marineros desaparecidos.
El texto, entregado en los juzgados por parte del responsable de CIG-Mar, Xabier Aboi, denuncia que el Ministerio de Fomento incurrió, durante los trabajos de salvamento, «en graves fallos e omisións que revelan unha ausencia de control dos barcos e dos servizos por parte da Administración do Estado».
La CIG expone, mediante un relato detallado de los hechos, una serie de «incidencias» que, apostilla, de no haberse producido «probablemente non se tería producido a morte e as desaparicións que se denuncian».
La querella se fundamenta, entre otros argumentos, en la inspección que pasó «sen incidencias» el Cordero unos días antes del siniestro: «Non contaba co sistema mundial de socorro e seguranza marítima, obrigatorio dende o 1 de xaneiro do 2008, que permite dar conta dunha emerxencia só premendo un botón, identificando o buque e a posición do mesmo».
La CIG critica, además, que durante una hora y quince minutos -desde las 2.11 horas en que la radiobaliza del buque emitió la señal de alarma; hasta las 3.26- «a alerta de socorro do Cordero foi considerada falsa, impedindo ou dificultando que os buques na zona intervirán de forma inmediata no rescate dos náufragos».
Además de los altos cargos de Marina Mercante, el sindicato gallego dirige su querella hacia dos empresas, Remolques Marítimos S. A. y Helicsa S.A. En cuanto a esta última, concesionaria del helicóptero Helimer Galicia, no disponía en el momento del accidente, según reza la demanda, de la aeronave habitual, teniendo que emplear «unha de inferiores prestacións e moito máis pequena, que tiña avariado o sistema FLIR (visión nocturna por infravermellos) que permite localizar corpos vivos no mar». Para mayor inri, la CIG asegura que el helicóptero despegó con casi 20 minutos de retraso debido a una revisión de última hora.
No entienden tampoco los sindicalistas que el Helimer Galicia abandonase la zona sin que otro helicóptero tomase el relevo.
Optimismo
Xabier Aboi aseguró ayer que confía en que la querella criminal salga adelante «por dignidade, por respecto aos mortos, aos vivos e aos familiares, e para intentar que non ocorra máis».
Los altos cargos a los que se dirige la demanda son el director general de Marina Mercante, Felipe Martínez; el subdirector general de Seguridad Marítima, Francisco Suárez-Llanos; el subdirector general de Calidad y Normalización de Buques y Equipos, Alfredo de la Torre; la directora general de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), Pilar Tejo; el secretario general de Transportes, Fernando Palao; el director de Operaciones del Sasemar y su homólogo del Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo. Aboi puntualizó que «tres destes cargos xa estaban ao mando cando ocorreu o do Prestige».
La CIG propone al juez que solicite pruebas, tales como partes meteorológicos y diarios de navegación. Por su parte, el PSdeG consideró «legítima» la decisión del sindicato, aunque señaló: «Hace un flaco favor al salvamento marítimo».