Los inquilinos de viviendas protegidas de promoción pública podrán ser desahuciados si no pagan la renta
GALICIA
El anteproyecto de Lei de Vivenda endurece el capítulo de infracciones y sanciones en vigor, con especial atención a las irregularidades que se cometen en el ámbito de los pisos sujetos a algún régimen de protección. Entre las medidas más novedosas, el borrador legislativo prevé la posibilidad de que la Consellería de Vivenda pueda desahuciar a los inquilinos de pisos protegidos de promoción pública que no paguen las rentas pactadas, que los ocupen «sen título legal» o que sean sancionados por infracciones tipificadas como «graves» o «moi graves». Además del desahucio administrativo, el anteproyecto faculta al departamento de Teresa Táboas para, llegado el caso, «o lanzamento das persoas ocupantes das viviendas da súa propiedade», cuando cometan irregularidades como las citadas anteriormente.
Estas opciones extremas afectan solo a las viviendas protegidas de promoción pública, que son financiadas únicamente con recursos públicos y se ofertan, generalmente en régimen de alquiler, a unos precios muy inferiores a los de mercado.
Bolsas de fraude
También resulta significativo el aumento de la cuantía de las sanciones. La mínima para el propietario de un piso protegido que no lo use como residencia habitual pasará a ser de 60.000 euros (ahora es de 3.005) y podría llegar a un millón. La consellería decidió revisar a fondo el régimen sancionador después de detectar varias irregularidades «moi graves» en el uso de viviendas protegidas. En una urbanización de Vigo localizó 41 pisos protegidos que se revendieron hasta un 45% por encima del precio que fija la ley. En el concello ourensano de Pereiro de Aguiar tramitó expedientes de sanción a los titulares de 43 pisos que, según Vivenda, no los habitaban.