La coherencia es un valor generalmente alabado. Y es bueno que así sea, porque ser consecuente con los actos y los principios propios siempre es saludable. Ocurre que los demás también tienen sus ideas, y los mismos motivos para defenderlas. Las discrepancias son positivas y provechosas, pero la colisión de opiniones no puede convertirse en un choque de trenes. Por esta razón, es esencial que la democracia, fundada en la diversidad y sobre el disentimiento, establezca unas normas que delimiten el terreno de juego y regulen la forma de resolver los conflictos. Todo es admisible en ese marco y nada de lo que lo desborde debería ser tolerable, porque sobrepasarlo conllevaría el riesgo de disolución de la democracia misma.
Las broncas parlamentarias son habituales en cualquier cámara y nadie debería rasgarse las vestiduras por ello. Incluso en escenarios de rebelión como el de ayer, en el que un número significativos de diputados se niegan a votar una ley. Es un inusual, pero no ilegítimo, ejercicio de resistencia política ante una medida de excepcional calado y trascendencia.
No obstante, la grave fractura parlamentaria evidenciada ayer no debe sobrevivir a la sesión. Las minorías tienen que ser escuchadas, pero también están obligadas a asumir, con todas las consecuencias, la decisión de la mayoría. Porque la democracia exige lealtad a las resoluciones legítimamente aprobadas, sin cuestionar su validez, limitar su alcance o dificultar su aplicación. Admitir las razones del otro y asumir que ello limita las propias es tan constitutivo de la democracia como la empatía lo es de cualquier relación. No basta con ser coherente con lo que uno quiere, también hay que saber renunciar en beneficio del otro. Ese es el valor de la lealtad. Y sin lealtad no hay democracia.