En su auto, el juez Antonio Pedreira alude al informe de la Fiscalía, de 823 páginas, en el que pormenoriza uno por uno el largo elenco de delitos que se atribuye a cargos del Gobierno valenciano y del PP. Además de las sospechas de financiación ilegal de la campaña electoral del 2007, Visita del Papa. El informe incluye un apartado específico para el ex director de la televisión autonómica Pedro García, que recibió regalos que «podrían estar vinculados» al contrato, por importe de casi medio millón de euros, firmado con una empresa cercana a Francisco Correa para organizar la visita del Papa a Valencia.
Anticorrupción se muestra convencida de que hay pruebas de que Francisco Camps podría haber dado contraprestaciones por los regalos de Orange Market, por lo que aboga pasar de la acusación de cohecho impropio -admitir dádivas pero sin dar favores- penado con un simple multa, al clásico cohecho, incluso el más agravado (artículo 419 del Código Penal) y que está castigado con hasta seis años de cárcel e inhabilitación para empleo o cargo público por 12 años.
Están muy relacionados con el de financiación ilegal del partido, ya que para allegar fondos de manera irregular al PPCV se falsificaron facturas y se alteraron contabilidades, defraudando, de paso, al fisco en el ejercicio de 2007, el año de las elecciones, tanto por parte de Orange Market como por la formación política.
Los tejemanejes contables, apunta Anticorrupción, dieron lugar a un delito de blanqueo, que podría ser constitutivo de otro ilícito, el de asociación ilícita, ya que cree probado que políticos y empresarios formaron una organización para llevar a cabo de forma continuada estos delitos.
. Los delitos contra la Administración pública, entiende la Fiscalía, los cometieron los altos cargos del Gobierno de Camps que adjudicaron 85 contratos a la trama Gürtel entre el 2004 y el 2009 por 7,2 millones de euros, gran parte de ellos fraccionados para soslayar así el concurso público.