Imagínese que el horario del centro comercial en el que hace sus compras lo deciden los empleados. Que, además, son intocables. Lo más probable es que acaben imponiendo la jornada que les conviene sin tomar en consideración los intereses de los clientes. Algo así es lo que ha venido ocurriendo con los controladores aéreos, a los que el convenio suscrito en 1999 por el Gobierno de Aznar les entregó la capacidad plena para decidir sobre la organización del servicio. Unas potestades inauditas para cualquier empleado, público o privado, en España o en la Conchinchina.
Unos privilegios que pretendían perpetuar con espíritu de casta -hasta el punto de controlar los accesos a la profesión- y de los que han abusado para garantizarse unas retribuciones indignas e indecentes. No se cuestiona su derecho a un sueldo incluso elevado, acorde con las exigencias de su trabajo, pero sí la forma indigna en la que lo han conseguido, utilizando como rehenes a decenas de miles de ciudadanos -a los que han amargado sistemáticamente sus vacaciones, como amenazan con hacer en Semana Santa- para mantener cautivos a los sucesivos Gobiernos, incapaces hasta ahora de liberarse de ese yugo. E indecentes porque cuesta entender qué justifica unos salarios tan alejados no ya de la media sino de unas dimensiones que puedan considerarse humanas. Y eso sirve tanto para los controladores como para el presidente del BBVA, por poner un ejemplo. Unos sueldos que, en estos momentos de profunda depresión económica, son, además, impúdicos.