El partido más largo del Celta en los despachos todavía está lejos de terminar. No solo porque Horacio Gómez y Alfredo Rodríguez hayan anunciado que recurrirán los dos años de inhabilitación que ha decretado el Juez de lo mercantil de Pontevedra, sino porque la sentencia, en donde se reconoce que «las irregularidades relevantes» distorsionaron la situación económica del club con el consiguiente perjuicio a terceros, en este caso, acreedores que pasaron a integrar la masa concursal cuando el equipo se acogió al concurso voluntario. Hacienda no esperó a la sentencia y presentó una demanda por valor de 16 millones de euros el pasado verano, y el mismo camino podrían seguir ahora aquellos acreedores que firmaron créditos participativos con reducción del 50 % (caso de Caixanova) o los acreedores que tuvieron que acceder a una quita del 85 % en el convenio concursal.
«Se ha prescindido de los principios y normas contables a conveniencia, se han consignado partidas no acreditadas y, en general, empleado técnicas todas ellas tendentes a demostrar una imagen de la sociedad más sólida de la real, lo que determina la calificación de culpabilidad», explicó Roberto Álvarez de la Cruz, el magistrado, en su sentencia condenatoria para el expresidente, en la que concluye que el deudor cometió «irreguralidad en la contabilidad relevante para la compresión de la situación patrimonial o financiera de la empresa».
La resolución deja la puerta abierta para cuantos acreedores se crean afectados por operar con una entidad que simulaba una situación patrimonial ficticia puedan presentar la correspondiente demanda de reclamación de la totalidad del dinero que tenía pendiente de cobro cuando el Celta entró en concurso, en julio del año 2008. Los únicos que no pueden optar a esta vía son los 23 acreedores que en su día convirtieron la deuda en acciones.
Por lo tanto, la puerta queda abierta para aquellos que apostaron por el crédito participativo del 50 % (vía que utilizó Caixanova con un crédito de 6,3 millones) y para los pequeños acreedores que sufrieron una quita del 85 % con el correspondiente perjuicio para sus economías. A este apartado fueron a parar especialmente exfutbolistas del club, empresas de representación, agentes y algunos autónomos que en su día habían tenido relación con la entidad.
En total, perdonaron 10,6 millones de euros, entre los que debe computarse otro crédito de Caixanova por valor de 5,5 millones. A ellos hay que unirle la demanda ya presentada por la Agencia Tributaria, que está pendiente de conocer qué juzgado tiene potestad para analizarla.