La inhabilitación sufrida por los directivos de la federación gallega de fútbol y anulada ahora por Tribunal Superior de Xustiza de Galicia fue dictada del 27 de abril del 2007 por la Dirección Xeral de Deportes de la Xunta de Galicia como medida cautelar por el proceso judicial abierto contra los dirigentes.
El escándalo se destapó en septiembre del 2006, cuando aparecieron una serie de facturas y recibos federativos de dudosa justificación, entre los que figuraban la compra de neumáticos, gratificaciones y la adquisición de cajas de vino a cargo de la Federación Gallega de Fútbol.
Esta documentación llevó a la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a presentar una denuncia contra los cinco altos cargos federativos pos posibles delitos de malversación y de apropiación indebida. Con anterioridad, el Comité Galego de Xustiza Deportiva se había declarado incompetente para seguir investigando tras el estudio del expediente y la documentación aportada por la asociación gallega de clubes.
El caso se encuentra actualmente en el Juzgado de Instrucción número 4 de A Coruña, que en su día tomó declaración como imputados a los cinco miembros de la federación gallega.
En su declaración, Julio Meana admitió que llevaba un escaso control sobre los asuntos económicos de la federación, lo que delegaba en sus colaboradores de confianza.
Del mismo modo, desmintió que tuviese información alguna sobre pagos duplicados, aunque sí admitió que se realizaban gratificaciones al margen de los salarios, así como que la federación corría con el gasto de mantenimiento de automóviles de algunos altos cargo del organismo.