La Xunta recuerda que el Ayuntamiento otorgó licencia a la obra sin pedir la autorización pertinente del ente autonómico
10 feb 2011 . Actualizado a las 11:32 h.El Concello de Vilagarcía es doblemente culpable de la situación que padecen los propietarios de los 159 estacionamientos y los 7 trasteros permanentemente amenazados por el río que la promotora Vicando canalizó a través de una acequia en el interior de un garaje. Así de contundente se mostró ayer Augas de Galicia, que recuerda que el gobierno local concedió en su día la licencia de obra para los edificios construidos sobre el regato. Y que lo hizo sin solicitar la pertinente autorización del ente autonómico, dadas las características de la intervención sobre un cauce fluvial. Pese a ello, la Xunta redactó y remitió al Ayuntamiento un proyecto para solucionar el problema de forma conjunta, sin que, transcurrido un año, haya recibido aún respuesta alguna.
Este silencio institucional -Ravella solo contestó a través de comunicados de prensa- parece, sin embargo, a punto de finalizar. Esta es la puerta que ayer abrió la reunión que el alcalde de Vilagarcía en funciones, Xosé Castro Ratón, mantuvo con los portavoces de un colectivo harto de esperar. Los propietarios, afirman, no dudarán en recurrir a los tribunales. Pero Ratón está convencido de que las Administraciones aún tienen un papel que desempeñar sin llegar a tal extremo.
«Se os veciños queren presentar unha demanda, contarán co asesoramento técnico e xurídico do Concello, que tampouco vai esquivar as responsabilidades que puidese ditar unha sentenza, se ese fose o caso», apunta el teniente de alcalde, que sustituye en el bastón de mando a Dolores García por motivos de salud. «Mais o que imos tentar é procurar unha reunión cos responsables de Augas de Galicia para buscar unha fórmula que permita canalizar o regato polo exterior do estacionamento».
La colaboración con la Xunta se antoja imprescindible, por cuanto las consecuencias de una intervención judicial pueden resultar, literalmente, demoledoras. Según la comunidad de propietarios del garaje, el propio presidente de Augas de Galicia reconoce que los afectados llevan todas las de ganar si acuden a los tribunales. De ser así, la apuesta del organismo autonómico, que él mismo les habría comunicado a principios de enero, sería defender la devolución del cauce a su estado original. Algo que, en román paladino, implicaría derribar no solo el polémico subterráneo, sino también los seis bloques de viviendas a los que da servicio y tal vez alguno más, pues la corriente se une a O Con bajo una serie de edificios construidos en el margen opuesto de la avenida Rodrigo de Mendoza.
El diseño de Augas de Galicia
Hace un año, el ente autonómico presentó un proyecto para la canalización exterior del río. Su coste se eleva a 1,1 millones y el organismo se dirigió a Ravella para buscar su colaboración. Augas de Galicia asegura no tener aún respuesta alguna.