El ente autonómico argumenta que debe ser el infractor, y no la Administración, quien solucione el problema
04 ago 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La Xunta está dispuesta a buscar una solución para el disparate urbanístico cometido en un garaje de la avenida Rodrigo de Mendoza, construido sobre un afluente del río de O Con que, en lugar de ser canalizado, corre por su interior a través de una suerte de acequia. Pero lo que la Administración autonómica no hará de ninguna manera es asumir los costes ni la ejecución de los trabajos que sean necesarios para solventar esta esperpéntica situación. «Quen debe corrixir este estado de cousas é a empresa promotora, que foi a que cometeu a infracción», argumentaron ayer fuentes de Augas de Galicia. Para conseguirlo, el ente le comunicará de nuevo a la compañía Vicando, propiedad del presidente de la Cámara de Comercio de Vilagarcía, Carlos Oubiña, la exigencia de que reponga la legalidad vulnerada. De no ser así, añaden los responsables del organismo, tendrá que atenerse a las consecuencias.
En realidad, la postura explicitada por Augas de Galicia no es nueva. En lo fundamental, lo apuntado ayer desde la Xunta coincide con la resolución que, hace aproximadamente un año, dictó el órgano que vela por el estado de los cauces y las corrientes fluviales de la comunidad. En ella se sancionaba a Vicando por la comisión de una falta de carácter leve. La disposición constaba de dos puntos. El primero, la imposición a la promotora de una multa económica de 4.500 euros. El segundo le transmitía a la compañía la obligación de que tomase las medidas necesarias para garantizar la reposición de la legalidad en el disparatado garaje.
Es más, Augas de Galicia recuerda ahora que Vicando jamás solicitó su autorización para intervenir sobre el afluente de O Con, cuando la normativa vigente lo exige expresamente, independientemente de que la obra en cuestión disponga o no de licencia municipal.
Lo malo de este planteamiento por parte de la Xunta es que, más allá de las advertencias a la empresa, no parece abrir la puerta a una solución práctica como la que exigen los vecinos afectados. Primero, porque Augas de Galicia no ha explicado en qué consiste exactamente la restitución de la legalidad que invoca. Segundo, porque ha transcurrido un año desde aquella primera sanción y todo sigue igual.