Fajardo considera un «verdadeiro escándalo» que una obra pública acabe degenerando en un delito ambiental
22 may 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La variante norte de Vilagarcía, que debería haberse inaugurado hace un año pero continúa virgen y sin fecha de estreno, acumula algo más que retrasos. Esta es la opinión del grupo municipal de Izquierda Unida, que ayer denunció la comisión de un delito ambiental perpetrado a escasos metros de su trazado. Según el portavoz de IU, Juan Fajardo, todos los indicios apuntan a las empresas que construyeron la circunvalación como responsables de un inmenso movimiento de tierra que ha sepultado un humedal sobre el que ahora, para mayor inri, se levanta un nauseabundo basurero incontrolado.
La tierra ciega un antiguo prado, una mina de agua y parte del río que alimenta los cultivos situados a escasa distancia del vertedero. Son millones de metros cúbicos de material que «con toda probabilidade procede das obras da variante norte», razona el concejal mientras señala un rastro de neumáticos que conduce, precisamente, a la vía que aún no ha entrado en servicio. Todo esto ha ocurrido en el área de Berdón, camino del monte Xiabre, a un paso de dos asentamientos de chabolas.
Los gorrinos, que nunca faltan en estos casos, no han tardado en aprovechar la oportunidad que brinda la planicie creada por el movimiento de terreno. Sobre ella se amontonan ya todo tipo de desperdicios. Desde ropa a muebles, pasando por el esqueleto de varios televisores, electrodomésticos destrozados y el clásico escombro procedente de pequeñas obras y chapuzas caseras. Lo malo, apunta el portavoz de IU, no es tanto esta colección de basura, que al fin y al cabo puede ser retirada, como los productos que podrían haber sido depositados varios metros bajo la superficie: «Non sabemos se hai algo contaminante aí abaixo, tendo en conta que a auga que segue manando rega os cultivos da xente desta zona».
A partir de este momento, IU se moverá para exigir a la Consellería de Medio Ambiente, Infraestruturas e Territorio -que sufragó la variante con 28,6 millones de euros en los tiempos en que se denominaba Política Territorial- que tome cartas en el asunto e interpele a la UTE formada por Covsa, Construcciones Crespo y Sercoysa, responsables de su ejecución. «Que unha obra da Administración dexenere nun delito ambiental é un escándalo», concluye Fajardo.