El secretario del ex regidor nacionalista deberá pagar al Concello una sanción de 300 euros al mes
12 mar 2010 . Actualizado a las 12:11 h.El nuevo gobierno municipal de Gondomar prometió que no iba a aplicar una política «revanchista» contra los vecinos que participaron en las caceroladas pero la última decisión de la alcaldía ha reabierto el debate. El alcalde, Martín Urgal, ha decidido imponer multas coercitivas al presidente de la comunidad de montes de Couso, Xosé Antón Araúxo Rodríguez, una persona afín al BNG, antiguo secretario personal del ex-regidor nacionalista Antonio Araúxo y que participó en las caceroladas y en las protestas en los plenos contra el cambio de gobierno.
La decisión coincide con la reciente postura de la asamblea de la comunidad de montes de Couso de no seguir cediendo al Concello la Casa de Foupán, utilizada como vivienda de acogida para personas necesitadas, y denunciar una presunta malversación de la anterior directiva, vinculada al PP.
El motivo de la sanción impuesta por el Concello al dirigente comunal ha sido una obra ilegal cuyo expediente llevaba ya más de tres años guardado en un cajón en el departamento de Urbanismo.
Los nuevos regidores locales del PP y expulsados del PSOE han querido desempolvar el caso y arremeter contra Araúxo, aunque la actuación ilegal de la que le acusan se llevó a cabo varios años antes de que entrara a formar parte de la ejecutiva de la comunidad de montes.
La obra en cuestión es un garaje construido sin licencia bajo la explanada de acceso al centro cultural, que se utiliza como almacén. Los comuneros de Couso tampoco pidieron licencia cuando llevaron a cabo la pavimentación del entorno. El Ayuntamiento abrió entonces un expediente de reposición de la legalidad urbanística que culminó con una orden de demolición de lo ilegalmente construido.
La orden de demolición data del 27 de junio del año 2007. Casi tres años después, el regidor Martín Vicente Urgal ha resuelto iniciar el procedimiento de ejecución forzosa de demolición de las obras realizadas por la comunidad de montes, haciendo responsable de las mismas al presidente, imponiéndole una multa de 300 euros, con el apercibimiento de que el Concello reiterará la sanción mensualmente hasta el derribo.