Los colegios concertados deberían ser gratuitos, pero no lo son. Lejos de eso, estos centros privados subvencionados al 100% por la Consellería de Educación suelen cobrar cuotas extra de hasta 100 euros por mes, según confirman los sindicatos y los colectivos de padres de alumnos. Esta irregularidad, habitualmente camuflada como «donación voluntaria», desencadena un efecto secundario perverso: aleja de los concertados a las familias inmigrantes, que disponen de menos recursos.
Y de ahí las estadísticas, que retratan el desequilibrio existente en la educación viguesa: según los datos de Educación, en los centros de titularidad pública hay el doble de niños inmigrantes que en los concertados. «El problema está en el coste del transporte y el comedor, además de las famosas cuotas extra, que hacen que muchos inmigrantes no puedan ir a un concertado», comenta la directora de un centro público en el que el 10% del alumnado es extranjero.
Los propios colegios concertados asumen que el dinero es la clave que explica que en el curso actual les quedasen vacantes plazas de las que la ley reserva a inmigrantes, mientras para el resto de la matrícula había lista de espera. «Simplemente no pueden permitirse servicios como el de comedor, que es más caro», resume el presidente de la Asociación de Centros Privados de Vigo, José Manuel Álvarez.
Cuotas encubiertas
Y no es para menos, porque la diferencia de precios es grande. Muy grande. Empieza en el comedor: mientras en los colegios públicos el menú sale por 2,85 euros al día, a los que se une una subvención del Concello y la Xunta de 1,50 euros, en los concertados el menú llega a costar el triple, entre 70 y 120 euros al mes. Y a eso hay que sumar los gastos de transporte y las cuotas encubiertas. «Eso es grave, porque no está permitido. Hemos visto recibos de concertados en los que figuraban cuotas por conceptos como desgaste de patio y de escalera, calefacción o teléfono», detalla el vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Padres de Vigo.
Lo mismo denuncian en los sindicatos, en los que exigen «más vigilancia». «Hay que impedir que discriminen y escojan alumnos en función de sus recursos o su origen», concluye Raúl Gómez, responsable de Ensino Público de UGT, que insiste en que los concertados deberían ser gratuitos. Pero no lo son.