10 de enero del 2008: los padres de una niña de 20 meses denuncian al mediodía en Cataluña que su hija ha sufrido una reacción alérgica tras tomar una leche para lactantes con intolerancia a la lactosa o con alergia a las proteínas de vaca. Veinte horas después, los 27 países de la Unión Europea estaban alertados del producto que había provocado el daño a la niña.

La rapidez en la comunicación de esta incidencia que puso sobre aviso a las autoridades de todos los países miembros de la UE se efectuó gracias a la Red de Alerta Alimentaria Comunitaria (Rasff), un sistema que lleva funcionando cinco años y que en España está bajo el control de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).

Por fortuna, la pequeña solo tuvo que ser atendida en los servicios de urgencias, ya que no necesitó ser hospitalizada. A pesar de ello, la red de alerta puso todos sus recursos en funcionamiento, pues varios lotes de esta leche para lactantes, así como algunas muestras gratuitas, mostraban la presencia de proteínas de leche de vaca, precisamente lo que no debía de tener el preparado, pues estaba indicado para bebés con alergia a la leche normal.

La red puso en alerta a las comunidades autónomas, porque dicho producto había sido distribuido en todas ellas, y a una serie de organismos afectados por el problema, como las farmacias, la Federación de Industrias Alimentarias y Bebidas (FIAB) y la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged). Por el contrario, como no había salido de las fronteras españolas, el resto de los países no tuvieron que tomar medidas y simplemente archivaron la comunicación.

A lo largo de sus cinco años de funcionamiento, la Rasff ha tramitado casi 1.300 alertas de este tipo, si bien en el último año se produjo un importante crecimiento de casi el 50%, al pasar de las 197 del 2006 a las 293 del pasado curso (casi un cuarto de las acumuladas en el lustro). La causa de este fuerte incremento es el aumento de los miembros de la UE, que todavía no criban con efectividad las alertas, según la Aesan.

Además, se procesaron 2.614 informaciones (cuando las irregularidades detectadas no implican la actuación inmediata de las autoridades, pero sí son fuente de información para organizar las actuaciones necesarias) y 2.600 rechazos (cuando se impide a un producto de un tercer país su paso por una frontera de la UE porque no cumple la normativa y se comunica a los demás miembros para que imposibiliten su entrada por otras aduanas).

La Rasff funciona las 24 horas del día los 365 días del año, al igual que el SCIRI (Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información), que es la red que integra a todas las comunidades autónomas españolas y que permite mantener una constante vigilancia frente a cualquier riesgo o incidencia relacionada con alimentos que pueda afectar a la salud de los consumidores.

Turnos los fines de semana

En la Agencia, tres responsables se turnan los fines de semana para poder centralizar las actuaciones, gracias a los móviles y los ordenadores portátiles. Un teléfono buzón de alerta y el correo electrónico sirven de método de comunicación con las comunidades autónomas y con la UE. «La informática nos ha permitido dar un paso de gigante en el desarrollo del sistema. Antes se hacía todo por fax, y era mucho más complicado. Ahora el reto es que todas las comunidades funcionen dentro de una misma red informática», asegura Belén Crespo, subdirectora de Alertas de la Aesan.

Para Crespo, «lo importante en la red de alerta es la trazabilidad [que las compañías conozcan dónde se ha distribuido su producto] y la correcta etiquetación. También que las empresas realicen los controles de calidad de sus productos, a lo que están obligados, pues se evitan muchas alertas y solo se producen casos aislados, contra los que es más fácil actuar».