Navarra, Andalucía, Cantabria, Baleares, la Mancha, Extremadura, Asturias y Murcia pagan ya a los dependientes
13 dic 2007 . Actualizado a las 02:03 h.Las singulares características de Galicia han hecho que la comunidad esté entre las nueve autonomías en las que todavía no se paga el salario a los familiares de grandes dependientes que no tienen una residencia donde llevarlos. Según la Xunta, es cuestión de días que se comiencen a pagar estos salarios, que, por ley, deben tener efectos retroactivos desde el día en que se presentó la solicitud.
La previsión es que antes de final de año comiencen a cobrar los 500 euros de sueldo los primeros de los 10.000 cuidadores familiares; y se paguen otros 5.000 salarios de 800 euros a cuidadores no familiares (en caso de no poder ofrecer una residencia al dependiente); finalmente, se prevén 166 sueldos de hasta 1.300 euros para los casos más graves sin plaza.
Pero, mientras eso no ocurre, pasan por delante de Galicia otras comunidades autónomas. En Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco (en este caso Vizcaya y Guipúzcoa), Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, y Ceuta y Melilla, los familiares que cuidan a grandes dependientes sin ninguna ayuda (es decir, sin centros de día o residencias donde los atiendan) ya cobran un mínimo de 487 euros al mes para compensar la pérdida de un empleo por el cuidado del familiar. Hay que tener en cuenta que, además del sueldo, se incluye la seguridad social. Es decir, el cuidador familiar -un papel desempeñado en casi todos los casos por las mujeres del entorno- tendrá derecho a paro, jubilación, baja, etcétera.
Derecho universal
Comunidades como La Rioja o Cataluña están, como Galicia, en el último tramo del proceso, con expedientes ya resueltos, personas asignadas a residencias y solo pendientes de liberar el dinero para ejecutar los pagos. En cambio, Madrid o la Comunidad Valenciana se hallan lejos de regularizarse.
Desde el Ministerio de Trabajo, que solo se encarga del pago a los dependientes de Ceuta y Melilla (ya en marcha) se recuerda que la ley de dependencia es un derecho universal de los españoles: «La Administración, en este caso autonómica, ha de contestar a la solicitud de valoración de dependencia, como contesta cuando queremos escolarizar a un hijo. Los españoles aún no tenemos claro que tenemos derecho a un servicio para nuestros dependientes», inicialmente con plaza en un centro y, si no la hay, con una ayuda económica.