«Quieren destruirme como persona», ha dicho esta tarde en un pleno
24 ene 2018 . Actualizado a las 20:18 h.«No hay intención de saber la verdad, hay intención de hacer oposición en el juzgado como venganza por un objetivo, destruirme a mí personalmente». Así se ha defendido esta tarde en un pleno extraordinario la alcaldesa de O Porriño de las denuncias en el juzgado y en la Fiscalía que pesan contra ella y miembros del equipo de gobierno.
El Ministerio Público la ha denunciado por formalizar contratos menores para realizar servicios permanentes por valor de 1,2 millones de euros. El grupo municipal del PP aportó 60 facturas al fiscal para demostrar estas presuntas irregularidades. La alcaldesa ha explicado que las contrataciones que ha llevado a cabo han sido para llevar a cabo unos servicios que son obligatorios. Ha lamentado que los populares no hayan trasladado a la Fiscalía los expedientes completos en los que se demuestran las gestiones del gobierno local de proceder a la licitación del servicio de la limpieza viaria. El Concello encargó en diciembre de 2016 un estudio a una consultora para la licitación definitiva del servicio. Pero con las manos atadas por parte de la oposición, no le ha quedado más remedio que externacionalizar el servicio.
La alcaldesa ha dicho que no cometido ningún tipo de prevaricación. «No hemos hecho a ninguna empresa beneficiaria, de contrató a varias empresas», ha dicho. Una de ellas pertenecen a un miembro de la lista electoral de su socio en el gobierno, Manuel Carrera. A este respecto, ha comentado que «Carrera no le quería dar trabajo porque había ido en su lista y no quería meterse en líos». Dejaron de realizarle encargos porque pagaba 600 euros a sus empleados por jornadas de ocho horas. Eva García De la Torre ha afirmado que no tiene conocimiento oficial del juzgado de que esté siendo investigada.
El portavoz del PP, Carlos Martínez, ha criticado que la comparecencia de la alcaldesa tiene «un carácter preventivo por lo que le pueda venir encima». Afirmó que no van a pedir su dimisión como hizo el PSOE con la imputación de Nelson Santos y que respetarán el principio de presunción de inocencia.