Los crímenes sin resolver de Sonia Iglesias y Déborah Fernández, de nuevo de actualidad, constituyen sendos baldones para policías, jueces y fiscales
23 jul 2023 . Actualizado a las 05:00 h.Los crímenes sin resolver de dos mujeres pontevedresas, Sonia Iglesias y Déborah Fernández, constituyen sendos baldones en la hoja de servicios de cuántos policías, inspectores, comisarios, jueces, fiscales y subdelegados del Gobierno se han sucedido al frente de la responsabilidad de esas investigaciones durante estas dos últimas décadas. Tanto uno como otro suceso corroboran que no existen los crímenes perfectos, sino ineficaces investigaciones policiales y judiciales que han estado plagadas de errores, como se ha acreditado en estos casos.
La comparación entre ambos crímenes surge de la incapacidad de llegar a esclarecerlos después de tantos años de infructuosas investigaciones. Aunque con matices. A diferencia de lo ocurrido con Déborah, cuyo cuerpo sin vida se localizó a los diez días de su desaparición, en cambio, con Sonia no hay ni rastro después de casi 13 años de la última vez que fue vista con vida. Circunstancia esta que entraña un grado de complejidad mayor para las pesquisas que persiguen esclarecer que pasó con la pontevedresa.
Un nuevo fiscal
Precisamente en este verano, la familia de Déborah ha intentado poner fin a su sufrimiento pidiendo el sobreseimiento provisional de la causa, mientras los familiares de Sonia ven como se acerca la fecha del 18 de agosto, tristísimo aniversario de su desaparición. Y coincidentemente acaba de producirse una circunstancia judicial de importancia: el relevo al frente de la jefatura provincial de la Fiscalía de Juan Carlos Aladro, después de 16 años al frente. Su sucesor es Pablo Varela, de 46 años, quien ha destacado como fiscal antidroga y cuya preparación ha sido loada por el fiscal general del Estado. Además de casta le viene al galgo: es hijo del renombrado magistrado Luciano Varela y de Margarita Castejón, exconcejala de Asuntos Sociales de Pontevedra.
¡Ojalá el nuevo fiscal jefe provincial fuera capaz de redirigir las investigaciones para desentrañar los crímenes de Déborah Fernández y de Sonia Iglesias! Dos casos tan llamativos como dolorosos para todos.
Sufrimiento alargado
La última vergüenza sucedida ha ocurrido a raíz de la petición de la familia de la viguesa, que instaba al juzgado que lleva el caso a que lo sobreseyera provisionalmente «ante el maltrato recibido después de más de veinte años luchando por encontrar al autor de la muerte de Déborah», como explicaba Rosa, hermana de la víctima y portavoz de la familia. Una decisión que podría parecer inesperada después de porfiar con un tesón admirable durante tantos años para evitar que el caso acabase en el cajón de los crímenes sin resolver. Para tal cambio de actitud, alegan que han sucumbido al desaliento después de tanto tiempo y esfuerzos.
Sin embargo, para sorpresa general y desagrado particular de los familiares de Déborah, la jueza sustituta que ahora está al frente del Juzgado de Instrucción número 2 de Tui ha decidido desoír la petición y mantiene abierto el caso, mediante una prórroga de seis meses. Una ampliación motivada por el ministerio fiscal a la espera del resultado de dos pruebas.
Una de ellas sería el análisis del teléfono móvil de la víctima que apareció sin la tarjeta SIM, en medio de un montón de documentación «extraviada» en Madrid, en la antigua sede de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violencia). Y, además, la Fiscalía adujo que también espera por una prueba de ADN más que se le realizará al exnovio de Deborah y único investigado en relación con su desaparición y muerte.
Lo que para la Fiscalía y la jueza del caso constituyen motivación suficiente, es para la familia de Déborah un alargamiento innecesario de su dolor pues están convencidos que la nefasta investigación policial y judicial enterró las auténticas posibilidades de encarcelar al autor de aquel crimen.
Abierto hasta 2030
La declaración de fallecimiento de Sonia Iglesias, vigente a efectos legales desde el 1 de enero del 2021 según decisión judicial a petición expresa de su hijo Alejandro, no ha detenido las investigaciones. Aparentemente. De hecho, el crimen no prescribirá hasta el año 2030. Otra cosa es que tanto el tiempo transcurrido como los nulos avances de las pesquisas, terminen por desanimar a los familiares de Sonia. De hecho, desde hace muchos meses, no se ha registrado novedad alguna.
En el historial del caso Sonia Iglesias hay también otro compendio de errores policiales y tentativas judiciales erradas. Como aquellos rastreos con geo-radar de una antigua vivienda familiar de los Araújo en San Mauro y de un pozo en Marcón; o un posible registro de un panteón en el cementerio que no llegó a realizarse. En suma, intentos inútiles de corregir lo que fue, desde el minuto uno, una pésima investigación de la Comisaría de Pontevedra, que perdió un tiempo precioso cuando ocurren los hechos bajo la estúpida creencia de que Sonia se había marchado por su propia voluntad. Ignorando que ella y Julio Araújo estaban en la antesala de una separación como pareja, como se pudo acreditar después. Precisamente, el fallecimiento de Julio en septiembre del 2020 a consecuencia de un cáncer de pulmón, ha cerrado para siempre una vía de investigación que para los inspectores pontevedreses fue siempre la más verosímil.