El fiscal duda de que el coste de los proyectos se ajuste a la realidad
29 may 2013 . Actualizado a las 13:06 h.Por primera vez, los imputados en la trama de I+D pudieron dar ayer su versión de lo ocurrido al fiscal que instruye un proceso por un supuesto fraude en el cobro de subvenciones. Tanto los responsables de Taelpo, con su presidente José Miguel Estévez Rodríguez a la cabeza, como los dos empleados de confianza de la firma pontevedresa defendieron su forma de proceder a la hora de optar, solicitar y conseguir las ayudas públicas, según confirmaron desde el ministerio público capitalino.
El quinto imputado, profesor de Telecomunicaciones en la Universidade de Vigo, se encuentra fuera de España, por lo que su interrogatorio se ha aplazado a mañana.
Durante las declaraciones, en las que los imputados estuvieron acompañados por un abogado, no solo mantuvieron que habían actuado dentro de la legalidad, sino que remarcaron que se han realizado todos los proyectos a los que se refiere la denuncia anónima que dio inicio a esta investigación.
Cuantía invertida, menor a la reflejada
A este respecto, el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, precisó que, en este caso concreto, no se discute si las iniciativas subvencionadas se han llevado a cabo o no. Por el contrario, duda de que los proyectos tecnológicos bajo sospecha hayan tenido el coste que se hizo constar en los documentos que se presentaron ante las distintas administraciones para conseguir subvenciones.
En este sentido, confirmó que su sospecha es que la cuantía que se tuvo que invertir, ya fuera en salarios o en medios materiales, fue muy inferior a la que estaría reflejada en la documentación que se maneja.
En este sentido, los tres primeros testigos que comparecieron semanas atrás ante el fiscal ratificaron que algunos de los profesionales que aparecen como técnicos e ingenieros en los polémicos proyectos no reunían la cualificación suficiente, ya que eran almacenistas o electricistas en Taelpo.
Los imputados, al parecer, hicieron frente ayer a estas acusaciones y sostuvieron que todo el personal tenía la formación suficiente para la labor que se consignó que iban a realizar.
Siguientes pasos
Una vez escuchados a los imputados, una fase que concluirá mañana con la comparecencia del profesor Luis Anido, el fiscal deberá decidir si mantiene la imputación a estas cuatro personas o se la retira a alguna de ellas.
En el caso de que opte por la primera de las vías, tendrá que articular una querella criminal y darle traslado de la misma a los juzgados de instrucción. De este modo, el caso se judicializaría y se tendrían que llevar a cabo toda una serie de pruebas, la mayor parte de ellas, previsiblemente, por parte de peritos que determinen si existió o no el fraude y el montante del mismo.
Por otro lado, cabe la posibilidad de que finalmente opte por retirar la imputación sobre alguna o todas estas personas, lo que conllevaría el archivo de las actuaciones para cada caso en particular.