El fiscal llama ahora a los responsables de la trama de I+D tras oír a los testigos
PONTEVEDRA
Siete empleados de la firma investigada dieron su versión de las supuestas irregularidades en el cobro de ayudas
11 may 2013 . Actualizado a las 07:00 h.La trama de I+D avanza a paso firme hacia la judicialización del caso, después de que el ministerio fiscal haya decidido que la versión que quiere oír ahora es la de los responsables de la empresa investigada y la del profesor universitario. Será antes del verano cuando, con total probabilidad, la fase preliminar de esta investigación tome forma en el juzgado.
Por la planta quinta de los juzgados de A Parda pasaron ayer siete testigos más sobre la trama de I+D que investiga la captación de subvenciones públicas por parte de una empresa multisectorial de Pontevedra. Estos últimos siete se suman a los diez que el pasado 19 de abril prestaron declaración sobre este caso, que todavía está en fase de investigación. Fuentes de la misma aseguran que antes de que se judicialice -el archivo se ve una opción muy improbable- tendrá que llegar la documentación requerida a la Xunta.
La investigación abierta en el seno del ministerio público a raíz de una denuncia anónima estima que pueda abarcar, inicialmente, a más de una docena de subvenciones concedidas por la Consellería de Presidencia, a través de los Fondos Feder, además de una cifra aún sin cuantificar que habría sido otorgada por el departamento de Economía e Industria. La cantidad percibida podría llegar a los cuatro millones de euros.
Un profesor implicado
Las primeras impresiones apuntan a que la empresa captaba subvenciones públicas para desarrollar proyectos que finalmente no se ejecutaban. En este hipotético entramado, el docente universitario sería el encargado de localizar aquellos programas o iniciativas de ámbito autonómico que mejor se encuadrasen en los sectores en los que opera el grupo de empresas.
Todo apunta a que este docente será llamado a declarar en próximos días. Por el momento, solo han pasado miembros de la empresa. En las primeras versiones que recibió el ministerio fiscal se dejaba entrever que los trabajaos se habían realizado por miembros de la plantilla de la empresa de Pontevedra sin aparente cualificación. Podría estar contratándose a personal de baja cualificación, como peones o electricistas, adscritos a la empresa como técnicos e ingenieros para justificar la petición de ayudas.
Fuentes consultadas por La Voz recalcan que tanto la Universidad de Vigo como las propias consellerías no tendrían responsabilidad en el propio fraude. Desde que arrancó la investigación, la empresa ha devuelto tres subvenciones recibidas para sendos proyectos.