El Juzgado Mercantil convocó una junta de acreedores de varias empresas
12 sep 2014 . Actualizado a las 07:01 h.El conflicto entre los constructores lucenses que crearon una sociedad para construir una macrourbanización en el Ayuntamiento de Miño está en vías de alcanzar una solución negociada. El Juzgado Mercantil convocó junta de acreedores de Pronusa, O Piñeiro Miño, J. Constantino Núñez S.L. y J. Constantino Núñez Vázquez, S.A.
Las partes implicadas llevan desde el mes de enero intentando encontrar una solución al conflicto que generó la ejecución de un aval solidario de 15 millones de euros por parte de dos entidades financieras que prestaron el dinero a los constructores para la compra de los terrenos en los que iría la macrourbanización, que inicialmente estaba prevista para 700 viviendas.
Los bancos forzaron a uno de los socios, Torvar, a presentar concurso voluntario, para frenar embargos y a instar el forzoso para O Piñeiro Miño. Se da la circunstancia de que los terrenos fueron adquiridos por una unión temporal de empresas en la que no participaba Torvar, que se sumó con posterioridad.
En O Piñeiro Miño participaban Torvar, Lucus Urban, Odegal y José Núñez. Este último constructor tuvo que llevar a concurso a todas sus empresas que son para las que está convocada la junta de accionistas que se celebrará el próximo 21 de noviembre, a las diez de la mañana.
Antes de que comenzara la cascada de concursos fue imposible que las partes llegaran a un entendimiento sobre las aportaciones de cada miembro de la sociedad para hacer frente a la situación y frenar a los bancos. El desarrollo urbanístico de los terrenos está todavía pendiente.