Dinamarca ignora las críticas y aprueba la confiscación de bienes a refugiados
INTERNACIONAL
Los solicitantes de asilo solo podrán conservar pertenencias que no superen 1.340 euros
27 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Dinamarca no dará tregua a los refugiados. El líder en la lista de países de la OCDE con mejor calidad de vida se niega a seguir tendiendo la mano a los desplazados ante el temor a tener que renunciar a su Estado del bienestar. El Parlamento danés aprobó ayer, con 81 votos a favor y 27 en contra, la controvertida ley concebida por el Gobierno de Lars Rasmussen para ahuyentar a los inmigrantes que estén pensando en acudir al país nórdico en busca de protección internacional.
El objetivo es que Dinamarca sea «menos atractiva» para los peticionarios de asilo, admitió ayer el líder liberal tras la votación. Conservadores, socialdemócratas y el xenófobo Partido Popular Danés mostraron su respaldo a este nuevo giro a la derecha de la política migratoria: «Es un paso en la dirección correcta», celebró esta última formación, consciente de que la inmigración es la principal inquietud del 70 % de la opinión pública. Los partidos de la oposición lamentaron el «nacionalismo enfermizo» del que hizo gala el Parlamento y los medios advirtieron de que la mala imagen internacional que se está granjeando el país pasará factura: «Dinamarca está pagando el precio de su lamentable política simbólica», señaló el diario Politiken.
«La ley de las joyas»
El paquete legislativo, bautizado por la prensa como «la ley de las joyas», dificulta la acogida y reduce al mínimo la carga económica de los desplazados. Autoriza a la policía a requisar los bienes de los refugiados que excedan las 10.000 coronas (1.340 euros), siempre que no tengan valor sentimental. El Gobierno tuvo que abandonar la idea de confiscar alianzas matrimoniales, ante las críticas.
La ley también reduce las prestaciones y dificulta la renovación del permiso de residencia si el peticionario no se incorpora con rapidez al mercado laboral o no consigue dominar el idioma. Pero el punto más doloroso es el que restringe el derecho a la reunificación familiar de los refugiados que huyen de conflictos violentos. A ellos se les extenderá de uno a tres años el período para presentar la solicitud. Su concesión se podría alargar a los cinco años. La ingeniería legal ha sido clave para esquivar los acuerdos internacionales en materia de asilo. El Gobierno ha bordeado tanto la ley que podría haber puesto medio pie fuera. Eso es lo que denuncia Acnur, para quienes esta ley «alimenta el miedo y la xenofobia».
Schengen, a pique
La crisis migratoria no solo ha movilizado al Gobierno danés. Angela Merkel sufre la presión de sus socios democristianos de Baviera que amenazan con acudir al Tribunal Constitucional si su Ejecutivo no blinda las fronteras y fija una cuota máxima anual de 200.000 peticionarios, lo que supondría poner límites al derecho de asilo. El riesgo de mover ficha en esa dirección es muy alto. Schengen podría saltar definitivamente por los aires. El espacio de libre circulación se descose por todos sus flancos.
El primer ministro belga, Charles Michel, envió ayer una carta a su homólogo francés, Manuel Valls, para pedir que desmantelen «la jungla de Calais», un campamento improvisado de refugiados próximo a la frontera belga que el pasado año atravesaron de forma ilegal unos 800 refugiados. De no hacerlo, Bélgica podría sumarse al grupo de siete países que ya disponen de controles fronterizos internos.