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Los juzgados gastan un 30 % más de papel desde la orden de «papel cero»

La falta de un sistema completo de gestión informática obliga a imprimir casi todo

Redacción / La Voz, 21 de marzo de 2016. Actualizado a las 07:56 h. 6

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El pasado 1 de enero entró en vigor la ley que decreta la desaparición del papel en los juzgados. Casi tres meses después, esas oficinas manejan más papel que nunca. El proceso de digitalización de la Justicia es imparable, pero hay un desajuste básico: mientras que la entrada de documentos ya está informatizada a través del sistema Lexnet, su digestión interna todavía ha de hacerse por los medios tradicionales mientras no se disponga de lo que se llama el expediente digital. Según los cálculos de UGT-Xustiza, el volumen de papel en los juzgados gallegos ha aumentado en un 30 %.

Abogados y procuradores están incorporados al mundo digital desde hace años. Javier Sánchez, vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, explica que desde hace una década ya reciben por medio de Lexnet las comunicaciones de los tribunales; desde finales del 2014 también ellos envían por ese medio sus documentos. «Somos responsables del 95 % del tráfico de documentos a través de Lexnet. Pero falta el expediente digital. La funcionalidad del sistema facilitaría la creación del expediente digital, que no es lo mismo que recibir estos documentos y tener que imprimirlos y escanearlos, que es lo que está ocurriendo».

Los secretarios judiciales están soportando el peso de las disfunciones que se producen en este momento de transición. Al contrario de lo que ocurre entre procuradores y abogados, en la Administración de Justicia, dice Rafael Lafuente, portavoz del sindicato de secretarios Sisej, «aún no está plenamente implantada la firma digital», y eso añade retrasos a la creación del expediente informatizado.

Para este representante, otro problema es el que en cada comunidad autónoma con transferencias en materia de Justicia, e incluso entre varias de las que dependen del ministerio, se ha optado por un programa diferente de gestión, y eso está forzando a un continuo trabajo de homologación e interoperabilidad. En su opinión, las dificultades «no se deben a un problema de falta de personal, sino de mala organización». Lafuente cree que el proceso debería haberse llevado por módulos piloto. «La digitalización funciona bien en la Audiencia Nacional -dice-, porque es pequeña y se ha ido experimentando. Con ese método se podría haber ido extendiendo el sistema poco a poco y aprendiendo con la práctica».

Del ordenador a la impresora

Con esa apreciación coincide Manuel González Carvajal, responsable de Justicia en UGT-Galicia. «O cambio hai que facelo por módulos antes de xeneralizar. Se rexistras ben, cunha boa base de datos, se acaba o problema. Os decanatos deberían ter máis xente, modernizar equipos e programas». «Nunca vi tanto papel en los juzgados como desde que se decretó el papel cero», asegura Jorge González Figueiras, presidente de CSIF Justicia en Galicia. «El papel cero sin un expediente digital por completo es una quimera. Lo que está suponiendo es un gasto en papel increíble. Escritos y demandas que venían en papel, ya traían también su copia y todo lo que se necesitaba. Ahora, según llegan telemáticamente, la primera cosa que se hace en los juzgados es imprimirlos. Si a eso le añades que cada juzgado tiene solamente un equipo que le sirve de fotocopiadora, de impresora y de fax, la cosa se complica un poco más».

«Hai un equipo único de fotocopia para cada xulgado -señala Manuel-. Entran dez ou vinte escritos cada día. Imprimir todo iso xa te leva a mañá. E os seis ou sete funcionarios restantes, esperando. Estamos a favor da dixitalización, pero hai que facelo ben. A integración entre Lexnet e Minerva [el programa de gestión de documentos de los juzgados gallegos] é insuficiente. Necesitamos dobre pantalla, así non teriamos que andar minimizando e abrindo documentos ou imprimindo para dixitalizar».

El expediente digital deberá estar disponible a partir del mes de julio

El expediente digital que sustituirá a los legajos, a veces de miles de folios, que aún atascan los almacenes de los juzgados, deberá estar en funcionamiento a partir de julio. Los sindicatos de funcionarios dudan de que esa fecha sea realista.

«Las conexiones de las que disponemos -dice Jorge González, de CSIF- no van a soportar todo el tráfico de información del expediente digital, y los sistemas informáticos, tampoco. Aquí uno de los problemas con los que se encuentran los compañeros es que las conexiones son lentas, falta capacidad, se cuelga, da errores. Sin ir más lejos, en la oficina de presentación de escritos veo colas como nunca se había visto, y eso se debe a que, con la entrada de nuevas profesiones al sistema, al procurador o al abogado la presentación digital le da fallo y no le queda más remedio que volver a la vía tradicional. La iniciativa está muy bien, pero requiere inversión, dotación de medios, compatibilizar los programas Lexnet con Minerva. No es de recibo que en una Administración de Justicia nacional cohabiten cinco o seis sistemas de gestión procesal, a mayores del que emplea la Fiscalía».

«Todavía tenemos -añade el sindicalista- como sistema operativo el Windows XP, y el navegador es el IE 8, que ya está en la prehistoria; hay incompatibilidades entre Minerva y Lexnet, que unas veces te sube los documentos, otras no. Y hay que recordar que la Dirección Xeral de Xustiza en Galicia tiene un plan de amortización de plazas que iba a ir acompañado de creación de plazas en sitios donde fueran necesarios, pero de momento se ha quedado solo en amortizaciones. O sea, cada vez menos manos para sacar un volumen de asuntos cada vez más creciente».

A finales de octubre pasado, los jueces decanos de España celebraron en Vigo su reunión anual. Entre las conclusiones del encuentro figuraba la petición al Ministerio de Justicia de una moratoria en los plazos del plan de digitalización.

El documento de conclusiones de la reunión señalaba que, aunque la carrera judicial es favorable a las nuevas tecnologías, «el modo en el que se plantea ahora la gestión digital es insuficiente, inadecuada, meramente propagandística y ajena a las auténticas necesidades de los juzgados». Para estos jueces, que son los responsables del reparto de los asuntos que entran en los tribunales, «la improvisación y descoordinación con la que se pretende poner en marcha el expediente digital provocará gravísimas disfunciones a menos que se dote de los medios y recursos imprescindibles».

El Consejo Fiscal coincide básicamente con estos planteamientos. El pasado miércoles, este órgano celebró una reunión tras la cual señaló su «profunda preocupación por las importantes disfunciones» que está suponiendo la aplicación del sistema Lexnet, y advirtió de que las dificultades para una actuación eficaz de los fiscales en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración.

Los fiscales reclaman a Justicia la creación de un programa único para los juzgados y las fiscalías. Según ellos, «las disfunciones detectadas evidencian la imposibilidad de extender el expediente digital más allá de las experiencias piloto donde con gran esfuerzo se está aplicando».

Trasvase de costes de los profesionales a la Administración

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, señalaba días pasados que el sistema Lexnet había generado en torno a un millón de comunicaciones desde principios de año. Meses antes, el propio ministro había cuantificado en 70 euros el ahorro que la digitalización generaba en cada demanda que presentaban procuradores o abogados.

En la versión de los sindicatos, ese gasto se ha trasvasado de los profesionales privados a la Administración pública en coste de papel, reprografía y horas de trabajo. De acuerdo con los cálculos de UGT Galicia, solo en los juzgados de A Coruña la generalización del sistema Lexnet ha generado un coste extra de 700.000 euros más.

Para Jorge González Figueiras, de CSIF, si agilizar la Justicia fuera una auténtica prioridad, se la dotaría de medios. «Pero la Justicia solo da disgustos. Si comparamos el esfuerzo de las autoridades para la modernización, por ejemplo, de la Administración tributaria con el que se emplea con la Justicia... Allí sí que se funciona con papel cero».

Acciones del plan de digitalización gallego

Nuevas líneas. El plan Senda 2014 renovó todos los servidores y amplió la capacidad de las redes en las oficinas, habilitando líneas de 100 Mbps de velocidad en el 86 % de los juzgados.

Red encriptada. La totalidad de las sedes judiciales fueron dotadas con una línea de respaldo para la protección de sus comunicaciones.

Renovación. Más de 2.800 equipos de puesto de trabajo fueron renovados, y se cambiaron más de 900 equipos de impresión.

Red visual. Sesenta puntos en sala y 378 usuarios de videoconferencia personal permiten realizar unas 3.000 videoconferencias al año.

Vídeo certificado. En las 170 salas existentes se implantó un sistema de grabación de las vistas. El 40 % utilizan la solución eFidelius que permite la firma electrónica de las grabaciones.

Herramientas. Se completó la implantación de los sistemas de gestión procesal Minerva y Fortuny que usan juzgados y fiscalías, así como la interconexión entre ambos.

Registros. 45 registros civiles y 269 juzgados de paz han sido informatizados, con acceso al Registro Civil en línea.

En línea. Los procesos de asistencia jurídica gratuita quedaron íntegramente informatizados.

Cursos continuos. El plan ha impartido 51.600 horas de formación y ha puesto en marcha la comunidad de aprendizaje virtual.

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