«Tergiversaciones aparte, dije lo que dije, lo pienso y lo mantengo»
16 may 2012 . Actualizado a las 11:58 h.«El Valedor do Pobo de Galicia no estará sujeto a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su criterio». (Artículo 6.1 de la Ley 6/1984, de 5 de junio, reguladora del Valedor do Pobo).
La institución del Valedor do Pobo tiene su voz en el informe anual que presenta al Parlamento y que refleja las quejas de los ciudadanos contra la Administración. Debe ser entendido como un análisis del malestar social. No está sujeto a las instrucciones de ninguna autoridad. Las conclusiones o recomendaciones que el defensor expone responden una reflexión personal y meditada de esos mismos datos, al análisis cualitativo de esa misma realidad. Por supuesto, también son independientes. El Parlamento es libre de seguirlas, incluso de ignorarlas. Pero en ningún caso ?para garantizar la autonomía de la institución- están sujetas a fiscalización por parte de los Diputados. El Valedor tiene el deber de ceñirse únicamente a su criterio y al ordenamiento jurídico.
Si algo he valorado a lo largo de mi carrera profesional ha sido la libertad y la autonomía que derivaba de mi posición en la magistratura. La garantía de gozar de la misma independencia fue un factor decisivo a la hora de aceptar mi nombramiento como Valedor do Pobo. En el ejercicio de mis responsabilidades obré en consecuencia. Imagino que, llegado el momento de exponer las conclusiones del informe relativo al año 2011, cada uno de los grupos representados en el Parlamento habría querido que plegase mi discurso a sus necesidades políticas. Así mi intervención habría servido a sus propósitos y yo me habría ahorrado algún que otro problema mediático. Lástima que el cargo de Valedor do Pobo obligue a servir a los ciudadanos y mis principios me impidan decir o hacer nada que contradiga a mi conciencia. Deformación profesional, supongo. Tergiversaciones aparte, dije lo que dije, lo pienso y lo mantengo.
Mientras fui Valedor do Pobo, las reclamaciones de los dependientes fueron una de las principales preocupaciones de la institución. En muchos casos, gracias a nuestra gestión, los solicitantes pudieron acceder a las ayudas que les habían sido concedidas. En otros, a pesar de contar con la razón y con todos los argumentos legales a su favor, la falta de fondos hizo imposible alcanzar la satisfacción de sus derechos. Esta es una ley bienintencionada y, con toda seguridad, justa, pero de nada sirve conceder derechos a la ciudadanía si no se respaldan con la capacidad económica para satisfacerlos. Una ley que no puede cumplirse es papel mojado. De seguir como hasta ahora, no habrá más salida para los beneficiarios que recurrir a largos procesos judiciales en contra de la Administración para el reconocimiento de sus derechos. La ley debe ser pragmática, servir a la sociedad desde el realismo, por triste que éste pueda ser, y no desde el eslogan y la corrección política.
Por mantener esta posición -resultado del análisis de las quejas presentadas por los ciudadanos-, por decir una verdad indiscutible, que la Ley de Dependencia, en sus términos actuales, no puede cumplirse, los partidos políticos me han colocado en el ojo del huracán. Enzarzados en una discusión vacía y constante e incapaces de asumir la independencia de una institución que no sigue sus dictados, prefirieron desviar la atención y convertirme en objetivo de sus ataques. La última consecuencia de esta batalla fue la decisión de la Mesa del Parlamento de admitir a debate la proposición de mi cese como Valedor do Pobo. ¿El motivo? «El notorio incumplimiento de las obligaciones y deberes derivados de su cargo», asumiendo como tal incumplimiento la expresión de las conclusiones del informe anual relativo al año 2011 y la falta de coincidencia entre éstas y las que habrían querido los grupos parlamentarios. Evidentemente rechazo el argumento, pues entre las obligaciones del Valedor do Pobo está la de analizar, cuantitativa y cualitativamente, las quejas de los ciudadanos sin recibir instrucciones de ninguna autoridad y sin buscar la coincidencia con ningún partido político. Y eso es exactamente lo que hice: expresar mis conclusiones, las mías, las de la institución que representaba. Sin embargo, es difícil no sentirse decepcionado.
Me he negado a formar parte del juego político, a entrar en una espiral de descalificaciones, a unirme al desprestigio de las instituciones públicas. No he estado sujeto a mandato imperativo alguno. No he permitido que ninguna autoridad me diese instrucciones y he desempeñado mis funciones con autonomía y según mi criterio. Hablé claro y no me enmudecieron. Y he sido y estoy siendo atacado por ello. No faltan entre los representantes políticos quienes quieren un Valedor do Pobo plegado a sus intereses, maniatado y silencioso, ajeno y vuelto en contra de la sociedad. Nunca he sido esa persona y me niego a empezar a serlo ahora.
Por este motivo, y para no concordar con la Mesa del Parlamento en lo que considero una conculcación de las garantías de autonomía reflejadas en la ley reguladora de la institución que representaba, ayer, 15 de mayo de 2012, he renunciado al cargo de Valedor do Pobo para reincorporarme a mi puesto en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en donde la autonomía, el respeto y la independencia son todavía valores en alza. Y desde el que seguiré al servicio del pueblo gallego.