Pretende suprimir el Senado, diputaciones y el Consejo del Poder Judicial, así como blindar el Estado autonómico y dar más poder al Gobierno central
08 nov 2015 . Actualizado a las 01:50 h.Albert Rivera eligió Cádiz, la cuna del constitucionalismo español, para presentar las 30 medidas que componen su plan de regeneración democrática y de despolitización de las instituciones, que tiene entre las principales novedades la intención de cerrar el Senado y de suprimir el Consejo General del Poder Judicial. Se trata, según sus propias palabras, de la «hoja de ruta» desde la que buscará consensos con las demás fuerzas políticas para reformar la Constitución y varias leyes orgánicas y para liderar desde la Moncloa «una segunda transición», emulando a su admirado Adolfo Suárez.
Parlamento
Consejo de presidentes autonómicos en lugar del Senado. El líder de Ciudadanos explicó que su plan es que España solo tenga una cámara legislativa nacional, el Congreso de los Diputados, y que el Senado sea sustituido por otro órgano, el Consejo de Presidentes de Comunidades Autónomas. Se reuniría para actuar como cámara de segunda lectura en la aprobación de las leyes vinculadas a la organización territorial, como la financiación autonómica, y tendrá un voto ponderado a la población de cada una de las comunidades autónomas. Este consejo podrá discrepar de lo acordado por el Congreso, pero tras un proceso de intento de consenso, si las diferencias permanecieran, prevalecería la opinión del Parlamento nacional, que siempre tendrá la última palabra.
Justicia
Del CGPJ al Supremo. El partido naranja, entre una amplio abanico de medidas para despolitizar la justicia, prevé también suprimir el Consejo General del Poder Judicial, cuyas actuales funciones recaerían en el presidente del Tribunal Supremo, que sería asistido por dos adjuntos. Este presidente sería elegido por el Congreso, por mayoría de dos tercios, entre jueces del propio Supremo con al menos veinte años de carrera y que no hayan tenido vínculo alguno con partidos u ocupado cargos públicos representativos. Tendría un único mandato no prorrogable de seis años. Los dos adjuntos los elegirían directamente los jueces y fiscales y tendrían mandatos de tres años sin reelección. Este nuevo órgano de gobierno de la administración de Justicia sería el encargado de nombrar a todos los jueces, incluidos los presidentes de audiencias, tribunales superiores o salas del Supremo, y lo haría por un método de concurso u oposición con baremos reglados para evitar la «discrecionalidad política». También prevé un cambio del sistema de elección del fiscal general. Lo designaría el Gobierno, como hasta ahora, pero de una terna propuesta por el Congreso entre candidatos con veinte años de carrera y sin vínculos con partidos.
Instituciones
Despolitizar el Constitucional. Los magistrados del Tribunal Constitucional, igualmente, no podrán haber tenido puestos en partidos ni haber desempeñado cargos en parlamentos o gobiernos. Serán elegidos por el procedimiento actual, salvó la cuota del Consejo del Poder Judicial, que no será de designación discrecional sino fruto de un concurso de méritos prefijado. Su mandato pasará de 9 a 12 años, pero cuando lo agoten deberán jubilarse y no podrán tener empleo alguno.
Autonomías
Blindaje de las competencias del Estado. Las 30 medidas de Ciudadanos también proponen una reforma constitucional para actualizar el diseño y funcionamiento del Estado autonómico, con los objetivos fundamentales de sellarlo con los nombres de las actuales comunidades autónomas -cegando la vía de anexión de Navarra al País Vasco, como también se ha comprometido a hacer Mariano Rajoy- y de fijar un nuevo sistema de distribución de competencias, que blindará para siempre las del Estado y que le otorgará un alto grado de control sobre el ejercicio de las de las autonomías. De hecho, establece lo que se podría llamar una cláusula de cierre, que indica que el Estado podrá legislar con «eficacia jurídica plena» para corregir actuaciones de las autonomías que creen desigualdades en las condiciones de vida y derechos y deberes que rigen en toda España o para mantener «la unidad jurídica y económica». En cuanto a la financiación autonómica, garantizará el pago de una cartera de servicios básica para todas las comunidades, de manera que las que quieran un mayor nivel lo tendrán que financiar en base a aumento de tributos o copagos en sus territorios. Pretende acabar a medio plazo con los conciertos vasco y navarro y de momento les obligará a contribuir más elevando la cuantía del cupo.
Administración local
Sin diputaciones. Pretende eliminar las diputaciones provinciales y fusionar ayuntamientos para racionalizar la Administración local. El Estado deberá fijar los índices de sostenibilidad mínimos para la subsistencia de un municipio y, si no se cumplen, deberá procederse a la fusión de municipios.
Proporcionalidad alemana
Ciudadanos plantea también una reforma electoral para utilizar un sistema similar al alemán que haría que los votos de todo el territorio valieran lo mismo, lo que, al reforzar la proporcionalidad, dañaría el bipartidismo y dañaría a los nacionalistas, que podrían quedar incluso fuera del Parlamento. Cada votante usaría dos papeletas. Con una, la tradicional lista por partidos, se elegiría la mitad de los diputados, pero no con circunscripción provincial, sino con una nacional. La otra mitad de los escaños serían diputados que se designarían por los habitantes de cada distrito electoral, que abarcaría territorios de unos 250.000 electores (mayores o menores a la provincia). El ganador se lleva el escaño.