Aznar advierte de que la «hiperregulación» contra la corrupción puede ser perjudicial

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

TONI ALBIR

El Gobierno responsabiliza al PSOE del retraso en las medidas de regeneración

29 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.

«La hiperregulación, en lugar de eliminar la corrupción puede alimentarla». Apenas 24 horas después de que Mariano Rajoy presentara en el Congreso una batería de 70 medidas para hacer frente a la corrupción, el ex presidente del Gobierno José María Aznar se desmarcó una vez más de la línea oficial del PP y del Ejecutivo, que está dispuesto a impulsar una muralla legal y una exigencia máxima de transparencia para que, en palabras de Rajoy, los políticos se lo piensen dos veces antes de corromperse.

La tesis de Aznar, es que si las exigencias y el control de la vida pública llegan al punto de hacer prácticamente imposible el ejercicio de la política, se cae en el riesgo que el país se ponga en «malas manos» y que, como resultado de ello, haya que pagar «unas muy duras consecuencias». «Si usted hace prácticamente imposible que una persona inteligente pueda dedicarse a la política, entonces está favoreciendo la corrupción», dijo. Atacó expresamente la limitación en las donaciones a las fuerzas políticas, porque «si los partidos no pueden recibir casi financiación pública ni privada, ¿de qué se quiere que vivan?».

Detrás de ese planteamiento está la creencia de Aznar de que el Gobierno está actuando a remolque de la presión que ejerce Podemos y trata de combatir las acusaciones de este partido, al que no nombró, con un exceso de regulación que puede ser perjudicial. «Atención, porque las olas de populismo que buscan que existan arcángeles en la vida pública en lugar de seres humanos con todas sus imperfecciones, puede traer más problemas que ventajas», señaló.

Medidas «de inmediato»

Aznar opinó que la corrupción «siempre menoscaba la democracia» y debe ser «atajada decididamente en cualquier circunstancia». Pero lamentó el hecho de que «la percepción de corrupción e impunidad se ha instalado en la clase política» en todos los países. A su juicio, en la respuesta a ese problema la educación juega un factor determinante, al igual que la «condición moral» y las «buenas leyes». «Aplicar la ley y exigir responsabilidades es muy importante», concluyó.

El Gobierno insistió sin embargo ayer en su determinación endurecer las medidas anticorrupción y de sacar adelante «de inmediato» las propuestas de Rajoy, tanto si cuentan con el consenso de la oposición como si no. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, culpó directamente al PSOE del retraso en la aplicación de muchas de esas medidas, que ya habían sido anunciadas desde el Ejecutivo hace más de un año. Explicó que el Gobierno creía en la voluntad de consenso del PSOE y que si las dos leyes que permanecen varadas en el Congreso desde febrero del 2014, la de control de la financiación de partidos y el estatuo del alto cargo, no están en vigor, es precisamente por el deseo del Gobierno de «buscar el acuerdo de los grupos, especialmente del PSOE».

Criticó por ello que los socialistas digan ahora que el plan de Rajoy llega tarde y les pidió que hagan una «reflexión» para llegar a un pacto porque «nadie entendería que por motivos de oportunismo político no se llegara a un acuerdo tan importante para nuestro país» «No se puede decir en la misma frase que llegan tarde y que les esperemos más. Hemos estado esperando todos estos meses porque creíamos en su voluntad de consenso», señaló.

El Gobierno quiere evitar que el endurecimiento de las normas se interprete como una asunción de la corrupción generalizada de España. Por ello, Sáenz de Santamaría destacó que la respuesta judicial a la corrupción está funcionando y que lo que se pretende es que «funcione mejor y más rápido». «El Gobierno tiene sus propuestas y está dispuesto a enriquecerlas, a hablar» y a «recorrer juntos el camino, señaló la vicepresidenta.