El Gobierno permitirá a los mutualistas comprar años cotizados en la Seguridad Social para mejorar sus pensiones
ECONOMÍA
Abogados, procuradores, arquitectos o gestores administrativos que no pasen a la Seguridad Social deberán elevar un 20 % su aportación mínima
12 abr 2024 . Actualizado a las 19:18 h.La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, avanzó este viernes que el Gobierno reformará el sistema de las mutualidades alternativas a la Seguridad Social para solventar los problemas de suficiencia de las pensiones que en los últimos meses han denunciado colectivos como el de los abogados y el de los procuradores, garantizándoles unos ingresos mínimos en el retiro como los que disfrutan los trabajadores que cotizan al sistema público.
El día elegido para el anuncio no es casual, ya que las asociaciones que representan a estos profesionales han convocado para este sábado otra gran manifestación en Madrid, a la que acudirán afectados de toda España para reclamar una solución definitiva.
Para ello, el ministerio avanzó que se actuará en tres frentes. Por un lado, priorizando la cotización al sistema público, de forma que todos los nuevos abogados, procuradores, arquitectos, aparejadores, médicos o gestores administrativos (entre otras profesiones que mantienen mutualidades alternativas a la Seguridad Social) que se den de alta a partir del 2027 deberán cotizar obligatoriamente al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), «eliminando la opción de cobertura alternativa con una mutualidad», salvo en los casos de pluriactividad. Es decir, solo podrán acogerse a estas mutualidades profesionales quienes ya coticen a la Seguridad Social por otro empleo.
En segundo lugar, para mejorar las pensiones futuras de aquellos trabajadores que ya están en activos, el Gobierno elevará las aportaciones mínimas de los mutualistas que permanezcan en el sistema alternativo, «lo que permitirá garantizar la suficiencia de las prestaciones» que recibirán en su retiro. Para ello se incrementará progresivamente el importe de las cuotas a satisfacer por el mutualista, desde el 80 % actual hasta el 100 % de la base mínima de la escala general del régimen de autónomos. Es decir, la mutualidad alternativa perderá el gran atractivo que tenía hasta ahora, que era que permitía aportar un 20 % menos de lo que los profesionales tendrían que cotizar al RETA en caso de optar por adscribirse a la Seguridad Social, un dinero que en muchos casos empleaban para realizar inversiones alternativas de cara a la jubilación.
El tercer punto, y la clave del sistema, es que el Gobierno facilitará esa «pasarela al RETA» que desde hace meses reclaman colectivos como el de los abogados y los procuradores. Es decir, permitirá rescatar los fondos aportados a esas mutualidades alternativas (una suerte de planes de pensiones) y utilizar el dinero para comprar años de cotización a la Seguridad Social, lo que les garantizará una pensión de mayor importe ya que el sistema público cuenta con unas tablas de pensiones mínimas que garantizan la suficiencia de las prestaciones en caso de que el jubilado no cuente con otras fuentes de ingresos.
Inicialmente, el departamento que dirige Elma Saiz planteaba a los profesionales limitar esa posibilidad a los mutualistas que llevasen en ese régimen desde antes de 1996, al tender que fueron los únicos que no tuvieron alternativa en el momento de darse de alta y se vieron obligados a acogerse a un régimen que ahora les está perjudicando. Tras la protesta de los colectivos afectados, el Gobierno ha corregido su postura inicial y ha anunciado que ampliará la pasarela al RETA a todos los mutualistas anteriores al 2005 en situación actual de vulnerabilidad, que podrán acogerse a la posibilidad de convertir el capital acumulado en la mutualidad en derechos de cotización a la Seguridad Social. «Es decir, mediante desarrollo reglamentario, extendemos esta medida a los que estuvieran en mutualidad antes del cambio de sistema de capitalización colectiva a uno individual, que fue en 2005 en el caso de la abogacía», precisan desde el ministerio.
En todo caso, habrá que esperar al futuro reglamento para ver cuál es la fórmula de canje para que el capital transferido desde la mutualidad a la Seguridad Social se convierta en períodos de cotización al RETA, en los que se tomará como base de cotización la mínima establecida para cada año. También falta por definir los criterios que empleará el Gobierno para determinar que un mutualista se encuentra en situación de vulnerabilidad y, por tanto, puede pedir el paso al sistema público.
Unos 80.000 profesionales liberales siguen fuera de la Seguridad Social, más de 7.000 de ellos en Galicia
La integración en la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia con colegiación obligatoria ha sido un proceso lento y complejo. Hasta 1995, estos profesionales liberales tenían vedado el acceso al RETA y no les quedaba más opción que adscribirse a la mutualidad correspondiente. A partir de ese año, se estableció el régimen de alternatividad, de forma que la mutualidad deja de ser obligatoria y los profesionales afectados (la mayoría, abogados) pueden optar ya por adscribirse al sistema público. Pero el punto crítico que explica la situación actual se dio diez años más tarde, en el 2005, cuando esa mutualidad de la abogacía pasó de regirse por un sistema de capitalización colectiva por otro individual (aunque en otros colectivos profesionales el cambio se produjo antes). Es decir, se pasa de un sistema de reparto similar al público, en el que las aportaciones de los profesionales en activo pagan las pensiones de los jubilados a otro más similar a un plan de pensiones privado, en el que cada profesional, al retirarse, se lleva el dinero aportado al fondo junto a la rentabilidad obtenida por el mismo.
Los autónomos critican que no se permita pasar al sistema público a todos los afectados
La solución propuesta por el Gobierno no convenció ni a los colectivos afectados ni a las principales asociaciones de autónomos, con la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA), cuyo presidente, Eduardo Abad, lleva meses negociando con las asociaciones de abogados y procuradores para diseñar una fórmula para el traspaso al sistema público que satisfaga las necesidades de estos profesionales y sea sostenible financieramente.
Abad criticó ayer que lo avanzado por la ministra de Seguridad Social «no es una pasarela al RETA, son parches», ya que aunque abre la mano al permitir transitar a la Seguridad Social a todos los que lleven en activo desde antes del 2005 (nueve años más que los planteados inicialmente), deja fuera a todos los que se incorporaron con posterioridad a esa fecha, que seguirían, en la práctica, atrapados en las mutualidades.
En ese sentido, a la espera de consensuar su propuesta alternativa con las asociaciones, Abad insiste en que se debe permitir el traspaso voluntario al sistema público a todos los profesionales que quieran salir de las mutualidades, de forma que puedan retirar los fondos acumulados en ellas y sus rentabilidades, para transformarlos en períodos cotizados en el RETA, ya que son muchos los profesionales «que se han sentido engañados». Y destaca que no pueden establecerse limitaciones ni carencias en la acción protectora que les dé la Seguridad Social, que debe ser integral (no solo pensiones de jubilación, sino también prestaciones por maternidad o paternidad, incapacidades temporales...).
Sobre la sostenibilidad financiera, Abad cifra en 3.600 millones de euros los fondos que se podrían capitalizar en las mutualidades y que serían transferidos directamente a la Seguridad Social, que además recibiría una inyección adicional de 300 millones anuales, ya que los profesionales seguirían cotizando hasta su retiro, y ahora deben hacerlo de acuerdo a sus ingresos reales. Unos recursos que, explica, cubrirían el gasto adicional en pensiones.
El presidente de UPTA carga también contra el papel que han tenido la mayoría de los colegios profesionales, a los que acusa de no haber orientado bien a sus asociados para que cotizasen en el sistema público y evitarse el problema actual.