Los jueces del «procés» decidirán si el expresidente de Pescanova va a prisión

Manoli Sío Dopeso
m. sío dopeso VIGO / LA VOZ

ECONOMÍA

Oscar Vazquez

Marchena será ponente de la sala que deliberará su recurso el 1 de febrero

01 ene 2023 . Actualizado a las 21:16 h.

La sentencia firme por la quiebra de la vieja Pescanova llegará diez años después, tras un procedimiento calificado por fuentes de la acusación de «complejo y excepcionalmente largo». Pero el final está próximo, o al menos si se entiende como final el momento en el que el Tribunal Supremo, tras estudiar miles de folios de recursos presentados por la veintena de acusados, encabezados por el presidente del grupo, Manuel Fernández de Sousa, dicte sentencia firme.

La fecha de la deliberación marcada por la sala segunda del alto tribunal que preside el juez Manuel Marchena es el 1 de febrero. Marchena, que ejercerá de ponente, participó en los tres procesos contra Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo, y presidió la sala del tribunal encargado de juzgar a los líderes del proceso independentista catalán.

La sala estará constituida por Julián Sánchez Melgar, magistrado de la sala segunda del Supremo, ex fiscal general del Estado que presentó una querella contra los miembros aforados del proceso soberanista de Cataluña después de la disolución del Parlament; Pablo Llarena, juez de instructor del denominado procés; Vicente Magro Servet, conocido por formar parte de la sala de la Audiencia Provincial de Madrid que admitió a trámite la denuncia contra el Gran Wyoming y Dani Mateo por un supuesto chiste ofensivo contra el Valle de los Caídos por supuesto «delito contra los sentimientos religiosos»; y por último el magistrado Leopoldo Puente Segura, experto penalista autor de numerosas publicaciones.

Tras quebrar, en el año 2013, el grupo pesquero acabó en manos de la banca acreedora de más de 4.000 millones de euros y refundado en una nueva sociedad, Nueva Pescanova (que hoy factura más de 1.100 millones de euros); y una veintena de responsables de aquella nefasta gestión, encabezada por Manuel Fernández de Sousa, máximo accionista y responsable durante 37 años.

El auto de la Audiencia Nacional del 6 de octubre del 2020, condenó a Fernández de Sousa a ocho años de prisión por falsedad documental, estafa y alzamiento de bienes. La admisión de su recurso ha supuesto el freno a su ingreso en un centro penitenciario. Contra lo que decida el Supremo no cabría apelación al Tribunal Constitucional por superar los 4 años de prisión.