El Gobierno ya está metido de lleno en la carrera electoral. El adelanto a este mismo mes de la rebaja del IRPF prevista para el 2016 no va a ser la única medida que saque de la chistera antes de las elecciones. Pero hay una en concreto que divide al Ejecutivo y al Partido Popular: la subida de las pensiones por encima del 0,25 % el próximo año. «Las elecciones generales no excluyen la responsabilidad», sentencia una fuente gubernamental para explicar que lo importante es asegurar el equilibrio y la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Precisamente, este Gobierno introdujo en la última reforma de las pensiones un índice de revalorización automático argumentando que sería una fórmula que sacaría a las pensiones del juego político. El objetivo es que el sistema alcance el equilibrio presupuestario. Quienes defienden que la subida solo puede ser la que resulte de aplicar el índice -entre los que está la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno- se apoyan además en que la evolución de los precios ha permitido que, con revalorizaciones pequeñas, los pensionistas disponen de más poder de compra. En los dos últimos años, han ganado 2.085 millones de poder adquisitivo, según la Seguridad Social.
«Reclamar ganancias adicionales no deja de ser un ejercicio de voluntarismo», subrayan fuentes gubernamentales. Sin embargo, en clave electoral se vería con buenos ojos un guiño a un colectivo que agrupa a más de ocho millones de personas. El nuevo sistema de revalorización no deja la decisión al arbitrio del Gobierno, porque consiste en una fórmula matemática que calcula la subida de forma automática con una serie de parámetros como los ingresos y gastos del sistema de Seguridad Social o la evolución de la inflación.
Mientras el sistema esté en déficit, como ocurre ahora, las pensiones no pueden subir más del 0,25 %, que es el suelo fijado por ley. No obstante, las mismas fuentes reconocen que el Ejecutivo tiene autonomía política para decidir alzas adicionales si dispone de recursos suficientes. Lo que le impide la ley es cargar el importe de esas subidas a la Seguridad Social. Es decir, que si el Gobierno optara por aprobar un alza generalizada del 1 % para todas las pensiones tendría que sacar de los Presupuestos Generales del Estado del 2016 una partida de casi mil millones de euros y transferírsela a la Seguridad Social para pagar el aumento.
Sin embargo, la medida electoral sobre pensiones no tendría por qué ser un alza generalizada de todas las prestaciones, sino que podría concentrarse en los que cobran las cuantías más bajas, el grupo más vulnerable dentro de este vasto colectivo. El coste presupuestario de incrementar las pensiones mínimas depende del porcentaje de subida. Por cada punto porcentual de incremento, los Presupuestos tendrían que destinar entre 150 y 200 millones. Pero en esto, como en el IRPF o la devolución de la paga a los funcionarios, Rajoy tiene la última palabra.