En el 2014 se registraron 357 casos, uno diario, según un informe de CSIF
30 may 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La crisis ha convertido el ser empleado público en un trabajo de riesgo. Así, al menos, se desprende del informe presentado ayer por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que recoge que durante el pasado año las oficinas de la Administración General del Estado de atención presencial al público -fundamentalmente las de empleo, las de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo- registraron «al menos un caso diario de amenazas y agresiones físicas» sobre su personal. En conjunto, durante el 2014 se comunicaron 357 casos en doce ministerios y organismos, de los que un 11 % corresponden a violencia física, aunque se incluye también la violencia verbal, los insultos, descalificaciones, amenazas y daños en el mobiliario.
Las oficinas de empleo son «los puntos calientes», como subraya el sindicato, y la situación de inseguridad se ha agravado con la crisis. Los casos de violencia en este área se han triplicado en el primer trimestre del año, con 121 comunicaciones de incidentes, y se suma a la escalada del pasado ejercicio, en el que el Servicio Público de Empleo Estatal registró un total de 227 comunicaciones de violencia, de las que el 26 % fueron de carácter físico o verbal y físico, es decir, que incluyeron gritos, amenazas, golpes al mobiliario y, en último extremo, agresiones físicas.
Frustración por no tener ayuda
CSIF asegura que detrás del exponencial crecimiento de los casos de violencia en las oficinas de empleo entre enero y marzo está -según reconoce la propia Administración- la implementación de la nueva prestación por desempleo para parados de larga duración (Programa de Activación para el Empleo) y «la frustración que genera en muchas personas su denegación».
Además del rechazo de solicitudes de prestaciones o subsidios, el desacuerdo con la información recibida, la petición de documentación, la solicitud de certificados, carecer de cita previa o presentarse fuera de hora están también entre las principales causas de las agresiones.
A ello se suma la desafección ciudadana a los empleados públicos. El presidente de CSIF, Miguel Borra, aseguró ayer que tal sentimiento se fomentó desde el propio Gobierno al hacerlos responsables directos de las causas de la recesión y poner en cuestión su labor, el volumen de las plantillas y su función social.
En cualquier caso, los responsables sindicales sostienen que la mayoría de las agresiones -ya sean verbales o físicas- no se denuncian porque está extendida la creencia de que «no sirve para nada».
CSIF alerta también de la elevada incidencia en la administración penitenciaria, con 329 casos en el 2013 y una estimación de casi 400 el pasado año, un 12 % más.
Un trabajador de la Seguridad Social, apaleado hace un mes
«Como trabajador de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 2803 de Madrid, quiero informar de los hechos acaecidos el 16 de abril de 2015, a las 16.30 horas, en el desempeño de mis funciones laborales». Así arranca la denuncia de un empleado público que fue objeto de una «grave agresión física» -contusiones en la cara, la cabeza y otras partes del cuerpo- por parte de un individuo que se introdujo en la oficina aprovechando su salida y fuera del horario de atención al público. Al indicársele este último extremo, «me agrede, mediante puñetazos continuos, hasta hacerme caer al suelo».
La víctima está de baja, con ansiedad por el ataque.
En prisiones se disparó un 37 %
En instituciones penitencias los casos de violencia se han disparado casi un 40 % desde el comienzo de la crisis. Según el sindicato, entre el 2007 y el 2014 se han documentado más de 2.300 agresiones. Denuncian que «no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia en el medio penitenciario desde el prisma de la prevención», algo fundamental en un sector conflictivo, con falta de personal y una plantilla envejecida (el 38 % con más de 50 años).
La hija de la directora de una oficina del Inem, apuñalada
El sindicato hizo público ayer, junto con el informe anual, un dosier en el que se recogen algunas de las agresiones más brutales a empleados del sector público. Entre las más recientes, ya que se produjo el 7 de abril pasado, está el apuñalamiento a la hija de la directora de una oficina de Empleo de Santa Cruz de Tenerife.
El ataque tuvo lugar cuando madre e hija salían de desayunar de un establecimiento cercano a la oficina y regresaban a la sucursal del Servicio Canario de Empleo. Entonces una mujer se acercó por detrás y, con un cuchillo jamonero, atacó a la víctima. La agresora era, al parecer, una usuaria habitual de la oficina de Empleo, aunque no había entrado en ella el día del ataque. Las heridas de la víctima, que fue trasladada al hospital, no revistieron gravedad.
Con un bate de béisbol
Pero el ataque de Canarias no fue un caso aislado. Se produjo quince días después de otro asalto a un funcionario de otra oficina, en este caso en Murcia, que fue atacado con un bate de béisbol por un usuario al que ese mismo día le había denegado el subsidio de desempleo. CSIF reclama más seguridad en las oficinas.