El exministro incide en la necesidad de una sentencia firme, pero también valora el papel de la secretaria
25 jul 2017 . Actualizado a las 17:55 h.El informe del exministro de Justicia y catedrático de Derecho Constitucional, Francisco Caamaño, que ha determinado la estrategia seguida por el alcalde de Camariñas, Manuel Valeriano Alonso, para mantenerse en el cargo, respalda la continuidad del alcalde, tanto en cuanto no exista una sentencia firme, pero también advierte de los riesgos de contravenir los dictámenes de la secretaria y la interventora del Concello.
El reputado jurista y compañero de partido de Alonso dedica la mayor parte de las 16 páginas de su documento a distinguir entre la inelegibilidad, es decir el derecho a presentarse a las elecciones, y la incompatibilidad sobrevenida, que obligaría a renunciar a los cargos una vez que se está ya en posición de ellos. Además, también diferencia claramente, en este asunto en concreto, las consecuencias de una sentencia firme y de otra que todavía no lo es que, a su juicio, sería lo preceptivo para que Alonso tuviera que dejar de ser alcalde de Camariñas. De ahí que, como ve inútil recurrir a la Junta Electoral Central, recomendase la solución adoptada por el gobierno municipal para ganar tiempo, pero que ha sido paralizada por un juez de lo Contencioso, al impedir el pleno que el alcalde había convocado a tal efecto.
Pese a que Caamaño incide en que los efectos a los que se está viendo sometido Alonso responde a una legislación prevista para casos de terrorismo, también advierte: «No podemos desconocer los informes emitidos tanto por la secretaria como la interventora del Concello y la importancia que estos revisten desde el punto de vista de las obligaciones de la observancia de la legalidad y las consecuencias que de ellos pueden derivarse para los miembros del gobierno municipal que, según determina la ley, deben pronunciarse en pleno sobre la concurrencia o no de la incompatibilidad derivada de la sentencia penal condenatoria».
Adelanta, por tanto que, «ante una situación jurídicamente controvertida» como es esta, ya que, a juicio de Caamaño, se confronta la lesión de un derecho fundamental, el de participación política, con la sentencia de un tribunal y el respaldo de dos informes preceptivos de funcionarias; podría darse motivo suficiente «para justificar la eventual interposición de una acción de carácter penal que, con independencia de su éxito, agravaría la situación».
Dicha denuncia ya ha sido interpuesta por el PP, porque, como explica su portavoz, Mauricio Aufiero, no le han dejado otra opción. Sin embargo, la solución al bloqueo en el que está instalado el Concello pasa por lo que dictamine el juez del Contencioso respecto al pleno convocado por el alcalde, que el propio juez ha impedido cautelarmente, y el que le fue negado al PP por el gobierno local.