Los opositores y el gobierno han intercambiado decenas de denuncias, la última de una concejala que grabó un supuesto chantaje del alcalde
29 abr 2014 . Actualizado a las 07:00 h.La presentación de una moción de censura fallida en marzo del año pasado y la imposible reconciliación entre el gobierno de Vimianzo (7.977 habitantes), del BNG, y un grupo de ediles de la oposición han dado lugar a una sucesión prácticamente inabarcable de quejas, reclamaciones y procedimientos judiciales para resolver conflictos que no encuentran solución política.
El último de estos episodios lo explicó ayer en rueda de prensa la concejala no adscrita, Monserrat Vázquez Miñones, expulsada del PSOE precisamente por apoyar la moción de censura en contra de los dictámenes del partido. Los hechos se retrotraen a las 13.30 horas del pasado 9 de enero, cuando, según señala, se presentó en la óptica de su hermana el aparejador Jaime Casais, director de obra de un edificio que la empresa Pulidos Galicia, propiedad de los padres de Vázquez Miñones, estaba construyendo en Vimianzo. Casais, que fue grabado con un teléfono móvil para entregarle ese audio a la Guardia Civil de Corcubión, aseguró que el alcalde, Manuel Antelo, le había indicado que tomaría represalias contra el inmueble si la concejala no se retiraba de la moción de censura.
Los encuentros de este tipo se repitieron después de que este profesional, según denuncia la edila, se reuniese al menos tres veces con miembros del BNG, en la oficina donde trabaja el teniente de alcalde, una cafetería de A Coruña y la propia alcaldía. Aunque en un principio Vázquez Miñones dijo que tenía que pensárselo y pidió garantías por escrito, tal como reconoció ayer, estas presiones y las ejercidas sobre otros compañeros de la corporación le llevaron finalmente a renunciar a la moción de censura.
Afirma que sus negativas iniciales motivaron la visita al inmueble de la Policía Local, del arquitecto contratado temporalmente en el Concello y del arquitecto municipal en fechas claves que coincidían con los momentos más álgidos del conflicto político vimiancés en los que todo indicaba que los opositores iban a derrocar al alcalde, algo que finalmente no ha sucedido. «Si nosotros queríamos solucionar la situación de mi familia yo tenía que aceptar un chantaje. Debía decir que estaba enferma o poner la disculpa que fuese para no acudir al pleno en el que se iba a votar la moción de censura», relató ayer Vázquez, quien tachó de «humillantes» estas exigencias y las enmarcó dentro de una estrategia de acoso contra todos los promotores de la moción en la que el alcalde «abusa» de su puesto para mantener coaccionados a los críticos. Unos motivos por el que van a solicitar la dimisión de Antelo.
El alcalde niega la totalidad de los hechos así como «calquera tipo de presión e chantaxe a ningún concelleiro pola moción de censura». Explica que las inspecciones del edificio se realizaron ante la solicitud de la empresa para prolongar la licencia de obra y que las actuaciones se llevaron a cabo a propuesta del arquitecto municipal, quien constató que el inmueble incumple la normativa, y, por tanto, procede la reposición de la legalidad.
Este nuevo conflicto es solo uno dentro de las decenas que han llegado al Defensor del Pueblo y todo tipo de tribunales, incluido el Constitucional. Los opositores denunciaron vulneración de derechos fundamentales, manejos para impedir la moción, prevaricación o incumplimientos sistemáticos de acuerdos plenarios, coacciones a funcionarios, despilfarro en la contratación de una secretaria personal o acoso sistemático a los concejales. El alcalde, por su parte, les ha acusado de diversas formas de corrupción, como no pagar el agua municipal, realizar obras en contra de la normativa, valerse de sus puestos para obtener información de manera ilegal o utilizar los recursos del Concello en beneficios de determinados particulares. Uno de los funcionarios expedientado también se ha querellado contra el regidor y hay otras causas abiertas por contratistas y particulares.