El ministerio propone aplazar el contradique que está previsto en la ampliación de la dársena exterior
05 nov 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Los técnicos de Puertos del Estado plantean ya un crédito blando que se movería entre los 210 y los 215 millones de euros para solucionar los problemas de financiación del puerto exterior coruñés, una cifra sensiblemente inferior a la que reclama la Autoridad Portuaria, que considera que son necesarios 283 millones para garantizar la plena operatividad del puerto.
Aunque las negociaciones siguen su curso, por lo que en estos momentos no puede descartarse ninguna opción, el ministerio ya trasladó a los técnicos del Puerto coruñés su rechazo a financiar el contradique previsto en la ampliación de la dársena -presupuestado en 70 millones de euros-, al considerar que no es necesario para que la infraestructura portuaria esté operativa en los términos en los que se planteó inicialmente cuando fue incluida en el Plan Galicia. Al crédito que previsiblemente concederá el Instituto de Crédito Oficial (ICO) antes de que termine el año se descontaría el coste de esta obra adicional -no prevista en el proyecto inicial-, así como un reajuste sobre el sobrecoste estricto de la obra que rondaría los nueve millones.
Una vez discutida esta reducción en el modificado del proyecto -calculado en 99 millones- y aclaradas las diferencias técnicas sobre el pantalán petrolero, el único fleco pendiente es el contradique. Esta infraestructura no está incluida en la obra adjudicada a la UTE que lidera Dragados, sino que se trata de un proyecto que está en fase de redacción y que fue licitado el año pasado por la anterior administración portuaria. El actual equipo directivo sigue considerándolo necesario para aumentar la operatividad del puerto y sus metros de amarre, pero Puertos del Estado objeta que con la obra adjudicada que está ahora en marcha ya se cumplen los objetivos que alumbraron la idea de la dársena de punta Langosteira: desviar el tráfico marítimo sucio -carbón y graneles líquidos- y destinar las dársenas urbanas a las mercancías limpias. De hecho, diversas fuentes aseguran que este aspecto ya no se discute en los niveles técnicos y se da por hecho que la decisión política de no ejecutarlo ya es firme. Los informes financieros, además, pusieron en duda que el Puerto coruñés pudiera asumir una deuda punta de 410 millones.
El crédito del ICO, que deberá aprobar el Ministerio de Economía, sería por tanto muy similar en cuantía a los 215 millones destinados a paliar el sobrecoste del puerto de Gijón. Esta inyección de liquidez permitirá solventar las incertidumbres sobre la obra en marcha, que corría el riesgo de paralizarse a mediados del año que viene por falta de fondos. Se solucionaría así el sobrecoste por la modificación del proyecto, que quedaría en unos 90 millones, la revisión de precios (120 millones) y parte del proyecto de ampliación, concretamente la construcción del pantalán de Repsol. El crédito permitirá además que la autoridad tenga un colchón financiero para afrontar eventuales sobrecostes.
La ampliación estricta de la obra, calculada en 130 millones, quedaría para más adelante. La idea de Puertos del Estado no es descartarla, sino acometerla como tercera fase cuando el puerto exterior esté funcionando y el proyecto se justifique con la demanda de tráficos.