Los populares consideran que Vicepresidencia quiere aprobar el concurso de forma urgente antes del traspaso de poderes.
17 mar 2009 . Actualizado a las 16:44 h.El PP ha emplazado hoy a la Vicepresidencia de la Xunta a que paralice el concurso-oposición para unas 300 plazas fijas del Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, por entender que está «amañando», y al considerar que el Gobierno lo quiere aprobar de forma urgente antes del traspaso de poderes.
El diputado electo del PP Antonio Rodríguez Miranda sugirió en rueda de prensa que, de no hacerlo, el próximo Gobierno gallego podría anular estas plazas, por motivos jurídicos y no políticos, dijo, al entender que el procedimiento no se ajusta a derecho.
El PP pretende que la Vicepresidencia paralice «de inmediato este procedimiento amañado», que se está tramitando con urgencia, y que no respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, opinó.
A este respecto, Rodríguez Miranda indicó que ya en su momento fue polémica la contratación de personal temporal para este Consorcio, ya que hubo denuncias no sólo del PP, sino de sindicatos y asociaciones de funcionarios.
Apuntó que, para los contratos temporales, lo que más primó fue «la posible militancia en sectores nacionalistas», pese a que admitió que algunas personas accedieron a los empleos por sus propios méritos, pero «mucha de esta gente llegó a estos puestos por afinidades políticas».
Antonio Rodríguez Miranda destacó que en la fase de concurso para acceder a las plazas fijas del Consorcio se puntúa hasta ocho veces más los servicios prestados en este organismo que en otra administración pública, incluida la propia Xunta.
Además, también puntúan más las acciones formativas del propio Consorcio que las de otras instituciones, una «discriminación que nadie puede entender», señaló.
«Hay muchas prisas por dejarlo todo bien atado», apuntó Miranda, que entendió que la «parte nacionalista» del Gobierno gallego pretende dar «carpetazo» a las oposiciones en menos de tres meses.
A su juicio, la urgencia en terminar el proceso obedece a que quienes entraron en su día en el Consorcio a través de un proceso «de dudosa legalidad, se conviertan también ahora en trabajadores fijos de muy dudosa legalidad».
En opinión de Rodríguez Miranda, esta «urgencia» del Gobierno no la ha habido para solucionar los expedientes de las personas con dependencia, pero sí la hay para «colocar a esas personas que ya accedieron a la administración por cuestiones ideológicas».
Además, el diputado electo interpretó unas palabras del conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez, quien a su juicio, sugirió que si fuese el responsable paralizaría el proceso por no ajustarse a la legalidad.
Por ello, el PP reclama de la Vicepresidencia que paralice de inmediato el proceso selectivo. A este respecto, Rodríguez Miranda apuntó que el vicepresidente en funciones, Anxo Quintana, y el presidente, Emilio Pérez Touriño, deben aceptar que en las elecciones del 1 de marzo los gallegos decidieron «finiquitar los chanchullos laborales del bipartito».
Finalmente, insistió en que Pérez Touriño «algo tendría que decir» en caso de que Quintana no paralice el proceso y añadió que el futuro presidente, Alberto Núñez Feijóo, cuando tome posesión, y cuando analice la documentación de estas oposiciones «amañadas», tomará las decisiones «que más se ajusten a derecho».