El Tribunal Superior obliga a tirar un edificio a pie de playa de la constructora de la que es socio Telmo Martín
GALICIA
Hace años, la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos se sacó un as de la manga para certificar la legalidad del inmueble a pie de playa localizado en el paseo de Silgar y la calle Luis Vidal Rocha, en el municipio de Sanxenxo, que levantó Construcuatro, empresa de la que es socio el ex alcalde del Ayuntamiento turístico, el popular Telmo Martín. La edificación invade en al menos dos metros la línea de protección del dominio público marítimo-terrestre, pero la resolución firmada por Enrique López Veiga en febrero de 2005 afirmaba que el edificio no se encontraba en la zona de servidumbre de protección.
Ante esta maniobra, la asociación Salvemos Pontevedra no dudó en recurrir el dictamen de la Consellería de Pesca ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Ayer, casi tres años más tarde, el presidente del colectivo, Francisco Díaz, anunció que la sección segunda del TSXG había anulado la resolución de López Veiga, por lo que «se debe proceder a la demolición del edificio».
De hecho, la resolución del ex conselleiro de Pesca sobreseía un acuerdo adoptado por el Servizo de Usos do Litoral en diciembre de 2004, del departamento de la propia Consellería de Pesca, en la que imponía una multa a la promotora de 3 millones de euros y ordenaba a Construcuatro restituir los terrenos que ocupa «a su estado primitivo».
Salvemos Pontevedra recordó ayer que había presentado tres denuncias contra el edificio, alegando que el inmueble se encontraba dentro de la franja de los 20 metros que establece en suelo urbano la normativa aprobada por Costas del Estado en 1988. «Recibimos con satisfacción la sentencia, ya que parece que se impone la justicia en un caso muy complejo», precisó ayer el máximo responsable de la asociación.
Ahora le toca mover ficha a la Xunta de Galicia, precisó Francisco Díaz. Explicó que la Administración autonómica tiene dos opciones: una es interponer un recurso de casación ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en un plazo de diez días, y la otra acatar la sentencia y dictar una orden de demolición del edificio de cinco plantas y ático ubicado a pie de playa. «Hay que demoler indudablemente el edificio completo», afirmó Francisco Díaz. «Estaremos muy atentos a la actitud que tome la Xunta para resolver la situación», añadió.