La Xunta elude peritar los 50.000 folios de los daños del «Prestige» y la Fiscalía pide que la obliguen
GALICIA
El fin de la instrucción depende de esta evaluación y el Estado no puede realizarla por ser parte en la causa
21 feb 2008 . Actualizado a las 03:02 h.Las optimistas perspectivas de que este año pueda finalizar la instrucción del caso Prestige se complican y es probable que este objetivo no pueda conseguirse por los conflictos que generan las pruebas periciales, emprendidas casi cinco años después de que se iniciaran las diligencias. El último capítulo de la tortuosa instrucción judicial lo protagoniza la Xunta, que en un escrito enviado recientemente al Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión se niega a llevar a cabo el peritaje contable de los daños, aún pendiente, y desvía la responsabilidad al Consorcio de Compensación de Seguros. Este organismo depende de la Administración del Estado y, al ser parte en la causa, no puede llevar a cabo la pericial económica.
El caso es que el Gobierno autónomo ha tardado más de tres meses en responder al requerimiento de la jueza instructora -oficiado el 31 de octubre del 2007- para que se designen peritos economistas contables de su plantilla que evalúen los más de 50.000 folios de la pieza civil del procedimiento. El escrito de respuesta tiene dos partes. Por un lado, el interventor xeral de la comunidad autónoma -dependiente de la Consellería de Economía- recuerda que en los casos «nos que é necesario acudir a peritaxes especializados para a determinación de danos en procedementos de natureza xudicial, a Consellería de Economía ten como criterio de funcionamento con carácter xeral acudir ao Consorcio de Compensación de Seguros, solicitando do mesmo a designación dos oportunos peritos». El interventor xeral entiende que esta es «a mellor opción» para el procedimiento del Prestige .
Incompatibilidad del Estado
La segunda parte de la respuesta al oficio judicial parte del departamento requerido, la Dirección Xeral de Xustiza, dependiente de la Consellería de Presidencia, que asume el dictamen técnico del interventor sin más matices. Y ello a pesar de que La Voz ha podido saber que tanto la Consellería de Presidencia como la de Economía fueron informadas en una reunión de la incompatibilidad jurídica del Consorcio de Compensación de Seguros para llevar a cabo la evaluación de los daños.
En realidad, se trata de un organismo dependiente de la Administración del Estado y el principio jurídico de objetividad aconseja que las partes presentes en el proceso -un funcionario del Gobierno central sigue imputado en la causa- no asuman pruebas esenciales.
De ahí que tanto el fiscal como la jueza recurrieran a la Xunta: esta Administración no solo aporta la neutralidad requerida, sino que contaría con los medios humanos y técnicos para llevar a cabo la ingente labor de peritar los 50.000 folios de la pieza civil y poder autentificar el daño global de la marea negra.
El cálculo de la cifra a la que asciende la responsabilidad civil del proceso es ineludible para poder acabar la instrucción e iniciar la vista oral, pues hasta las calificaciones de los delitos deben partir de la cuantificación de los daños. «No se puede enjuiciar este caso sin valorar antes este aspecto», aseguraron ayer fuentes judiciales. También se opta por que el peritaje lo desarrolle una Administración pública, pues los resultados de su evaluación contable siempre serían menos discutidos en el juicio.
La inviabilidad de la opción de la Xunta de trasladar la responsabilidad -sin duda una patata caliente - al Consorcio de Compensación de Seguros es aún más evidente si se tiene en cuenta que este organismo fue el encargado de peritar las reclamaciones de los afectados que ya cobraron las indemnizaciones del Estado.
Reacción de la Fiscalía
La negativa de la Xunta ya ha sido contestada por la Fiscalía, que en un escrito enviado al juzgado esta semana insiste en que el peritaje lo asuma la Administración autonómica, «ante la imposibilidad de llevar a cabo las recomendaciones de la Intervención Xeral sobre el nombramiento del Consorcio que, como bien conoce la Intervención, su documentación es parte del objeto de la pericia, además de ser un organismo del Estado reclamante y encausado».
Por tanto, el fiscal reclama a la jueza que requiera de nuevo a la Xunta para que realice la pericial contable, «con los apercibimientos que en Derecho correspondan».