El Concello ha recurrido a una figura jurídica para intentar cobrar las anualidades atrasadas del IBI de Navantia. Consiste en que se abonen los pagos pendientes mientras Defensa mantiene el recurso contra el gobierno local por considerar que está exento de esa tasa, y en tanto el Tribunal Supremo no se pronuncia sobre quién lleva razón. Además, elimina el pago de intereses y costas.
Se trata del principio solve et repete al que apela el gobierno municipal convencido de que los jueces darán la razón al Concello. En caso contrario, deberían devolverse unos pagos que, aseguró el alcalde, «ya no se discute quién tiene que abonar», porque se coincide en que debe ser Navantia. En este aspecto «vi al Ministerio de Defensa absolutamente dispuesto a llegar a un acuerdo».