Pontedeume reemprende la batalla contra un edificio ilegal

El Concello de Pontedeume ha reemprendido su batalla contra el grupo inmobiliario Lagares por la construcción del residencial Mirando al Mar, conocido en la villa como edificio Caldagueiro, y que no se ajusta a la licencia. El Concello tiene en marcha un expediente de reposición de la legalidad urbanística del proyecto para que la empresa ajuste las obras del inmueble a la licencia concedida a finales del 2003. En la actualidad, ese edificio, situado en la avenida Doctor Villanueva y con vistas a la ría, ya tiene inquilinos, pese a que carece de licencia de ocupación, confirmó ayer el alcalde, Gabriel Torrente.

Se trata de un edificio de 51 viviendas, tres plantas de sótano para garaje, una planta baja comercial, tres pisos altos y uno bajo cubierta. El informe técnico elaborado por el Ayuntamiento constató ciertas actuaciones que no figuraban en la licencia concedida: como la habilitación de viviendas en parte de la planta baja, reservada en teoría para locales comerciales; y que la fachada posterior del edificio en las plantas de semisótano dispone de una serie de ventanas «que non se axustan ao previsto no proxecto». Los técnicos resumen que: «Hai incumprimento da licencia en canto á altura máxima da edificación, na apertura de ocos na fachada posterior, a superación da altura máxima da cuberta e o número de vivendas e usos».

El litigio del Concello para reponer la legalidad del edificio no es nueva, sino que se remonta a marzo del 2005 cuando el anterior alcalde, Belarmino Freire, firmaba una orden de «suspensión inmediata» de las obras de construcción del residencial. Lagares nunca respetó ese requerimiento del Concello y, de hecho, el edificio está ya habitado.

En octubre del 2006, Freire firmaba otro decreto de incoación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística, que el Concello no pudo notificar a Lagares. Por eso, ahora, el Concello ha publicado la orden en el Boletín Oficial de la Provincia, donde también anuncia un trámite de audiencia para la empresa. Ésta dispone de un plazo de diez días para presentar alegaciones al expediente, que podría desembocar en sanciones por infracción urbanística.

Entre tanto se mueve la lenta maquinaria administrativa para intentar reponer la legalidad urbanística, la promotora del edificio anuncia en su página web el residencial Mirando al Mar. Hace pocas semanas se vendió una vivienda con vistas a la ría por un precio cercano a los 200.000 euros.