La Fiscalía estima que al pedir el documento global, de carácter secreto, invade competencias propias del Ejecutivo regional.
20 abr 2011 . Actualizado a las 06:00 h.La Fiscalía Anticorrupción pidió a la jueza que investiga el caso de los falsos prejubilados en los ERE (expedientes de regulación de empleo) pagados con dinero público en Andalucía que «decline su jurisdicción» y no reclame todas las actas de los consejos de gobierno de la Junta, ahora presidida por José Antonio Griñán. Estima que al pedir el documento global, de carácter secreto, invade competencias propias del Ejecutivo regional.
La decisión de Mercedes Alaya de pedir que se le entreguen todas las actas de los consejos de gobierno del último decenio para determinar así si el Gobierno estaba al tanto de los reparos objetados por la Intervención General de Hacienda al modelo de reparto de ayudas a las empresas en crisis ha abierto un frente entre los dos poderes. Y la Fiscalía parece decantarse del lado del Ejecutivo, que insiste en el carácter reservado de los documentos al contener acuerdos o valoraciones políticas.
Hace una semana, Anticorrupción anunció un recurso contra la petición de la jueza, que incluso amenazó con acusar a la Junta de desobediencia si no entregaba las 480 actas de forma cautelar para que fueran custodiadas en el juzgado mientras se resolvía el conflicto de jurisdicción en el Tribunal Supremo.
Los ERE «muertos»
Por su parte, la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, aseguró ayer que el Gobierno andaluz entregará los ERE ya pagados -conocidos como ERE muertos- a la instructora en cuanto lo pida. Así, reiteró a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno, que la Junta «no polemiza» con esta jueza, a la que presta todo su apoyo y de la que solo «discrepa» por su petición de las actas de todos los acuerdos del Ejecutivo, detalla Efe. «No queremos confrontar políticamente con el juzgado; somos dos poderes del Estado que estamos llamados a colaborar y compartimos el mismo objetivo, que es el respeto de la ley y la persecución de todo el que se haya aprovechado de lo público», aseguró Moreno.