El trasvase de agua a Barcelona, pendiente de una reunión que los regantes celebrarán en mayo
ESPAÑA
Los regantes de toda la cuenca del Ebro, catalanes y no catalanes, se niegan a vender sus derechos de agua. De esta forma, echan por tierra la estrategia del Gobierno, que había vendido a la opinión pública la compra de estos derechos como la panacea, no solo para solucionar los problemas de abastecimiento de Barcelona sino como modelo para llevar el agua al resto de las comunidades mediterráneas.
Para tratar de sortear el atolladero en el que han situado al Gobierno, los regantes de la cuenca del Ebro se comprometieron ayer a buscar fórmulas para ahorrar agua con el objetivo de que no haya detrimento de caudal durante el período en que funcione la prolongación hasta Barcelona del minitravase de Tarragona.
Así lo anunció el presidente de la Federación de Regantes de la Cuenca del Ebro, César Trillo, quien descartó la posibilidad de que haya cesión o venta de derechos de agua y explicó que se trata de un acuerdo voluntario de los regantes, que deberá ser ratificado y concretado en una asamblea que se convocará previsiblemente para la segunda semana de mayo.
El secretario de Estado de Medio Rural, Josep Puxeu, declaró que este acuerdo permitirá hacer frente a la «gravísima» situación que sufre el abastecimiento de agua al área metropolitana de Barcelona sin restar «ni un litro más» a la concesión del Consorcio de Aguas de Tarragona, que gestiona el minitrasvase, y además hacerlo con absoluta transparencia.
Este fue el acuerdo que alcanzaron en la reunión que mantuvieron ayer en Zaragoza, durante varias horas, representantes del Gobierno, de la Generalitat catalana, de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) y de los regantes en la sede del organismo que regula los recursos hídricos de la cuenca.
De la Vega niega discrepancias
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, negó que existan discrepancias con la Generalitat sobre las obras de canalización del agua a Barcelona. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta dijo que existe el «objetivo compartido» con el Gobierno catalán de que «a los barceloneses no les falte agua, y tenemos un acuerdo sobre cómo hacerlo, sin sacar una gota más del río Ebro». Tras insistir en que «no hay discrepancias, sino voluntad para poner soluciones a problemas y necesidades de los ciudadanos», Fernández de la Vega aseguró que se está «trabajando en el convenio», por lo que supone que «en un plazo muy breve de tiempo estará ya completamente cerrado».
El Gobierno central y el catalán firmarán un convenio de colaboración en el que se aclaren todas las decisiones sobre las obras de infraestructura necesarias para la conducción del agua desde Tarragona hasta Abrera (Barcelona), que está previsto que duren seis meses y requerirán una inversión de 180 millones de euros, que se cargarán a los Presupuestos Generales del Estado, aunque dentro de la partida correspondiente a las infraestructuras de la Administración central previstas en el Estatuto catalán.