El BNG pidió públicamente al regulador bancario que aplique nuevas reglas en NCG Banco para limitar y controlar su política retributiva.
19 oct 2011 . Actualizado a las 09:46 h.El equipo de José María Castellano al frente de NCG Banco, que desde esta misma semana integra ya a los tres representantes del FROB, mantiene abiertas las negociaciones con los directivos que se han marchado con indemnizaciones millonarias y espera llegar a un acuerdo con ellos en un «plazo corto» de tiempo.
Por el momento, únicamente el ex director general adjunto de NCG Banco, Javier García de Paredes, ha renunciado voluntariamente al 80 % de su liquidación. Por su parte, el ex director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez, se ha mostrado dispuesto a abandonar sus cargos de representación en empresas participadas. Y el ex director general de Novacaixagalicia, José Luis Pego, mantiene abierto el diálogo, después de pedir el mismo trato para todos los exdirectivos. En conjunto, la marcha de estos altos cargos, y la de Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán, ambos provinientes de Caixanova, costó cerca de 30 millones de euros.
NCG Banco comunicó ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que los tres representantes con los que cuenta el FROB en la entidad estarán presentes «en todas las comisiones» de la entidad: ejecutiva, delegada de riesgos, nombramientos y retribuciones, y comité de auditoría y cumplimiento.
Tanto en la calle como en el mundo político, continuaron las críticas dirigidas contra la actuación del Banco de España. La CIG convocó una marcha en Vigo que movilizó a medio millar de personas bajo el lema «Outro modelo económico e social é posíbel». El secretario general, Suso Seixo, informó de la presentación de una denuncia en la Fiscalía contra el equipo de Fernández Ordóñez por la baja valoración de Novacaixagalicia (181 millones de euros).
El BNG pidió públicamente al regulador bancario que aplique nuevas reglas en NCG Banco para limitar y controlar su política retributiva. Y Feijoo pidió otra vez al supervisor que rebaje las indemnizaciones a «un límite máximo de dos años [de salario]».