Recuerda que en Alemania los subsidios están congelados desde hace cuatro años, algo que España quiere evitar
03 feb 2010 . Actualizado a las 09:17 h.El Gobierno advierte de que mantener la edad legal de jubilación en los 65 años implicaría recortar o congelar la cuantía de la pensión ante el envejecimiento de la población. «La Seguridad Social solo puede pagar lo que ingresa». «Nuestra propuesta no supone que las pensiones sean más bajas, sino que se paguen más tarde». De esta manera justificó el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, el deseo del Ejecutivo de alargar la vida laboral hasta los 67 años.
Granado, tras presentar la evolución de la Seguridad Social en enero, insistió en que la garantía que busca el Ejecutivo no es para ahora, sino para dentro de unas décadas, cuando haya 15 millones de pensionistas que atender. «Si no retrasamos la edad de jubilación es preciso buscar otras alternativas», dijo, para recordar a continuación que, por ejemplo, las pensiones en Alemania «llevan cuatro años congeladas». En definitiva, se trata de un plan para evitar que los retiros «sean más bajos».
El secretario de Estado asumió que la propuesta es «polémica», pero resaltó que es preciso abordarla y no pasar «la pelota» a otros gobiernos, tal y como hizo José María Aznar. Para Granado, es imprescindible afrontar que «vivimos muchos más años y entramos más tarde al mercado laboral». Reiteró que el proyecto del Gobierno se aplicaría durante un período de tiempo muy dilatado. En este sentido, subrayó que el documento no recoge plazos para la implantación de la medida y apuntó que el comentario de la vicepresidenta económica Elena Salgado (el pasado viernes), sobre que el 2025 era el horizonte para completa el retraso, lo dijo a título de ejemplo.
Ante la posibilidad de que el listón de los 67 años se pueda variar, el secretario de Estado guardó silencio. «La propuesta es un mandato de sus señorías, el Parlamento expresa la opinión soberana del pueblo y el Gobierno cumple», se limitó a añadir, al mismo tiempo que resaltaba de nuevo que se trata de un documento para el acuerdo. «Y nos hubiera gustado -continuó- buscar una relación más flexible entre los diputados y los agentes sociales [empresarios y sindicatos]» que permitiera la negociación a la vez, pero «los grupos minoritarios se quejan de que los agentes sociales hurtan el papel del Parlamento».
Por su parte, los portavoces del PSOE, PP y CiU confiaron en acordar la reforma de las pensiones en el seno del Pacto de Toledo y superar unas diferencias que ahora parecen insalvables. En un acto de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Tomás Burgos, del PP, calificó de «imprevista, imprudente y carente de base técnica», la propuesta. «Supone un recorte total y sin paliativos de las pensiones» aseveró. Para José Sánchez Llibre, de CiU, el Gobierno ha actuado con «frivolidad y de manera precipitada» en cuestiones sobre «las que no se puede jugar».
La socialista López i Chamosa subrayó que «el Pacto de Toledo es consenso y lo seguirá siendo». En su opinión, el documento del Gobierno está «en el buen camino». Muy distinto es el parecer que mantiene Llamazares, quien denominó el proyecto como «el pensionazo».